Avícola Son Perot desafía al Govern balear y busca reconvertir su macrogranja de gallinas en una de cerdos

• Álvaro Moreno @AlvarMoreno_
• Redactor en OKBALEARES. Antes en CANAL4 y esRadio
• • 03/02/2025 09:46
  • Actualizado: 03/02/2025 10:32

La empresa promotora del proyecto de la macrogranja de gallinas en Sineu, Avícola Son Perot, se encuentra ahora tramitando su reconversión en una gran explotación porcina. La empresa busca sortear de este modo el decreto-ley aprobado recientemente por el Govern balear, que prohíbe que se instalen nuevas explotaciones intensivas de gallinas en Mallorca.

La solicitud para la modificación del proyecto en la finca Son Vanrell ya se ha registrado en el Ayuntamiento de Sineu. Y a su vez, se ha formalizado una solicitud de autorización ambiental integrada ante la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental del Govern balear.

Además, el Ayuntamiento de Sineu ha suspendido el otorgamiento y admisión a trámite de toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas vinculadas a actividades ganaderas intensivas en el ámbito de todo el suelo rústico del municipio, tal y como informa este lunes Diario de Mallorca.

Prohibición de las macrogranjas avícolas

A mediados del pasado mes de enero el Consell de Govern acordó prohibir, mediante la aprobación de un decreto ley, las macrogranjas avícolas de más de 160.000 gallinas después de haber archivado el proyecto de la de Sineu, en la que los promotores pretendían criar 750.000 gallinas.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, adimitió entonces que la medida se impulsa a raíz de las demandas sociales surgidas a raíz de la macrogranja de Sineu. El decreto ley, que deberá llegar al Parlament en un plazo máximo de 30 días, en principio cuenta con el apoyo de los diputados de Més per Mallorca, ha adelantado Simonet.

Además de prohibir las macrogranjas de más de 160.000 gallinas, el Ejecutivo autonómico ha propuesto establecer otros límites al tamaño de estos proyectos en función a su cercanía con los núcleos urbanos.

En concreto, las macrogranjas que alberguen a partir de 20.000 gallinas deberán situarse al menos a dos kilómetros lineales de distancia del suelo urbano residencial más cercano.

Entre los dos y los cuatro kilómetros, éstas podrán tener hasta 40.000 aves, mientras que entre los cuatro y los seis kilómetros podrán albergar hasta 60.000 ejemplares.

El tope máximo se sitúa en las 160.000, que en cualquier caso deberán encontrarse a una distancia no inferior a esos seis kilómetros de distancia de los núcleos urbanos residenciales.

«Así se asegura la producción en condiciones suficientes para abastecer a la población y se protegen los recursos naturales, el medio ambiente y a los residentes de las poblaciones urbanas, que es lo que más nos preocupa», apuntó Simonet.

El «detonante» de este decreto ley, ha detallado, han sido las «demandas sociales» surgidas en torno al proyecto de la macrogranja avícola de Sineu, que ha sido el que se encontraba a escasa distancia del municipio y en la que se preveía criar a 750.000 gallinas y tratar los productos de otras 220.000 procedentes de otras granjas.

Ha sido el propio Govern el que ha archivado el procedimiento de autorización ambiental integrada relativo a este proyecto, basándose en un informe de no compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Sineu.

En Mallorca, actualmente existen 17 granjas de gallinas destinadas a la producción de huevos, cuatro a la producción de carne y 3.2000 de autoconsumo, de menor tamaño. La mayor instalación de este tipo de se encuentra en Manacor, con 135.000 ejemplares, y el censo total en la isla es de 400.000.

La iniciativa, ha explicado el conseller Joan Simoner, está basada en una normativa europea relativa a las emisiones industriales y otras derivadas de la cría de ganado (que expone que este tipo de explotaciones son especialmente contaminantes) y cuenta con ejemplos similares en otras regiones de España.

La propuesta de establecer estos límites a las granjas avícolas intensivas, ha incidido el Govern, está justificada en la necesidad de atender a la «debilidad del territorio, la falta de recursos, la limitación del suelo rústico y el impacto medioambiental que pueden generar este tipo de explotaciones».

Con ella, han añadido, se pretende garantizar el mantenimiento del medio rural y defender la importancia de la agricultura y la ganadería ante un tipo de explotaciones que «son contrarias al espíritu de la ley agraria de Baleares».