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Los responsables de la empresa municipal de vivienda de Sevilla declaran por el ‘pelotazo’ urbanístico de un ex concejal socialista

Los principales responsables de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa) han comenzado a desfilar este martes por los juzgados para declarar como testigos en la investigación judicial relacionada con Rafael Pineda, ex concejal del PSOE de Sevilla, y la subasta de una parcela. El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha citado a varios responsables y trabajadores de la empresa municipal para esclarecer las circunstancias de una operación urbanística que se encuentra bajo investigación.

El auto, firmado por la magistrada Pilar Ordóñez Martínez el pasado 24 de junio, fijaba para este martes 20 de octubre las declaraciones de Manuel Morillo García, director gerente de Emvisesa, a las 10:15 horas; Pedro González Quevedo, director del área de Gestión, a las 10:30 horas; y María Luisa Tinajero Noguera, jefa de la sección de Asesoría Jurídica, a las 11:00 horas.

La jueza considera necesario escuchar a personas que trabajaban en Emvisesa y que participaron en el procedimiento de subasta de la parcela, así como a individuos vinculados a las sociedades que intervinieron en la operación. Estas declaraciones forman parte de las diligencias que permanecen pendientes y que el juzgado considera imprescindibles para completar la investigación.

La resolución también cita para el próximo 28 de octubre a Felipe Castro Bermúdez Coronel, ex director gerente de Emvisesa; Santiago Jiménez Blázquez, administrador de Eryel Invest SL; y Juan Ignacio Blaco Cacho, técnico del área técnica de la empresa municipal. El objetivo es recabar información sobre los hechos investigados y las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento.

El juzgado amplió seis meses la investigación

El mismo auto acuerda prorrogar durante seis meses el plazo de instrucción de las diligencias previas 30/2025, que comenzaron mediante una resolución judicial del 4 de enero de 2025. La investigación ya había sido ampliada el 30 de diciembre de ese año y el nuevo periodo comienza a contar desde el 29 de junio de 2026.

La magistrada fundamenta la decisión en la complejidad de los hechos y en la imposibilidad de completar las diligencias dentro del plazo anterior. En el auto, la jueza destaca la necesidad de practicar actuaciones que considera esenciales para esclarecer los hechos, entre ellas las declaraciones de personas relacionadas con Emvisesa y con las sociedades que participaron en la subasta de la parcela. La instrucción pretende determinar las circunstancias de la operación y si de ella pudieran derivarse responsabilidades penales.

El procedimiento judicial continúa en fase de instrucción, por lo que todavía no existe un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad penal de Rafael Pineda ni del resto de investigados. Las declaraciones previstas permitirán al juzgado recabar nuevos testimonios antes de decidir los siguientes pasos de la causa.