La Junta de Andalucía acusa a Sánchez de «mercadear» con el Código Penal para perpetuarse en el «poder»

La Junta de Andalucía ha criticado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «mercadee» con el Código Penal, reformando el delito de malversación, por motivos «electoralistas» y con el fin último de aferrarse al Palacio de la Moncloa y perpetuarse en el «poder».

Así se ha pronunciado este miércoles el consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en declaraciones a los periodistas en Sevilla. «Mercadear» con el Código Penal «es un riesgo para el Estado de derecho que no nos podemos permitir», ha advertido el consejero.

«Este tipo de decisiones basadas en intereses electorales y con la intención de mantenerse en el poder son perjudiciales y muy negativas y suponen un precedente nefasto en el ámbito del Estado de derecho», ha denunciado Sanz.

Asimismo, el titular andaluz de Presidencia ha criticado que esta decisión fuera anunciada precisamente coincidiendo con el Día de la Constitución, y que el Gobierno presumiera de respeto a la misma cuando se están poniendo «en riesgo o tambaleando pilares fundamentales, como la seguridad jurídica y la lucha contra delitos graves».

«Es un precedente nefasto desde el punto de vista de las garantías de un Estado de derecho, de la garantía de la división de poderes y de la confianza en la seguridad jurídica», ha lamentado Sanz.

Junqueras y Puigdemont, beneficiados

Una reforma del delito de malversación como la apuntada por el Gobierno de Sánchez y ERC podría beneficiar a al menos 24 políticos independentistas actualmente investigados, procesados o condenados por este ilícito penal a causa del 1-O, entre ellos los que fueran presidente y vicepresidente de Cataluña Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente.

Entre los directamente beneficiados por la eventual reforma estarían los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo (TS) por malversación y sedición: Junqueras, condenado a 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación; y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron sentenciados a 12 años tanto de cárcel como de inhabilitación. En su caso, las penas de prisión les fueron indultadas, pero las de inhabilitación siguen vigentes.

Además de los ya condenados, una reforma de la malversación afectaría a Puigdemont y a los ex consejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos huidos pero reclamados por el instructor del procés, Pablo Llarena, por dicho delito y por sedición.

A ellos se suman el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el también diputado y ex secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enviado a juicio por malversación, prevaricación y desobediencia grave por los preparativos del 1-O.

Asimismo, hay otros 14 ex cargos del Govern a los que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona procesó en 2019 por malversación -y otros delitos- por los preparativos del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, aunque actualmente la causa permanece en un limbo judicial.

La Audiencia Provincial mantuvo dicha resolución, pero ordenó a la juez volver a interrogar a los 29 procesados (incluidos esos 17) y ahora se estudia su concurrencia con otra causa, la que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona sobre los gastos exteriores del procés.