La Junta se alía con bancos para que las personas mayores de Andalucía sorteen la brecha digital

La Junta de Andalucía ha firmado convenios generales de colaboración con siete entidades bancarias presentes en la comunidad con el objetivo de mejorar el trato a las personas mayores, ofreciendo una atención preferente y de calidad que ayude a paliar la brecha tecnológica y a evitar la sensación de exclusión de este sector de la población.

El acuerdo ha sido suscrito entre la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y Caja Rural del Sur, Cajasur Kutxbank, Unicaja, Banco Santander, Caixabank, Ibercaja y Banco Sabadell, tal y como ha detallado el Gobierno andaluz en una nota de prensa.

Los convenios apuestan por el compromiso prioritario con nuestros mayores e incluyen el desarrollo de actividades formativas, presenciales o telemáticas sobre operaciones financieras básicas en el entorno digital, desde la retirada de efectivo a consulta de saldos, la operativa a través de aplicaciones móviles o páginas web y similares.

Este proceso de formación se llevará a cabo en los 168 centros de participación activa (CPA) de la Junta de Andalucía, que cuentan con más de 460.000 personas asociadas en toda la región, así como en alguno de los centros residenciales de personas mayores que gestiona el Ejecutivo andaluz.

Según el informe elaborado por la Consejería, tanto las entidades bancarias como el Ejecutivo regional coinciden en que las personas mayores son una población vulnerable que requiere atención preferente. El colectivo representó en 2021 el 21,93% de la población andaluza mayor de 18 años y supondrá el 36% de población en 2040, por lo que el Gobierno andaluz estima que son datos que impulsan a «atender cuanto antes sus demandas tanto desde las administraciones públicas como desde las instituciones y la sociedad en general».

La progresiva prolongación de la vida, la modificación de las condiciones sociales, familiares y demográficas y la necesidad de asegurar un envejecimiento activo mediante políticas centradas en la persona que ordena la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía aconsejan prestar una atención especial y continuada en el tiempo a las personas mayores de la comunidad.

El Gobierno andaluz ha sostenido que estas premisas forman parte del marco del primer Plan Estratégico Integral para las personas mayores en Andalucía 2020-2023, concretamente, las líneas estratégicas 2 y 3 de atención a la dependencia y atención a personas mayores con especial vulnerabilidad.

El Ejecutivo autonómico entiende que es su responsabilidad impulsar actuaciones para mitigar los problemas relacionados con el ámbito financiero que afrontan las personas mayores.

Los diversos foros y asociaciones del colectivo han apuntado en numerosas ocasiones a que el proceso general de digitalización, que tanto ha solucionado la actividad de algunos sectores en los últimos tiempos, ha generado una brecha tecnológica que dificulta el acceso de las personas mayores a ciertos trámites y gestiones cotidianas.

El informe de Igualdad constata la necesidad de avanzar en la colaboración público-privada y la implicación de los agentes administrativos, económicos y sociales para ofrecer una solución individualizada, de ahí que el Ejecutivo andaluz quisiera adelantarse y, en junio de 2021, iniciara los contactos y trabajos preparatorios para conformar una mesa de diálogo que formalizase la colaboración para la resolución de los aspectos sociales de los problemas anteriores. En ella han estado representadas todas las entidades con presencia en Andalucía que han deseado incorporarse.

Procedimientos «amigables»

El primer paso de esta mesa de trabajo se ha dado con la firma de los siete convenios para promover procedimientos amigables con las personas mayores, una iniciativa pionera en nuestro país y que incluye el compromiso de las entidades para combinar atención presencial o personal permanente y formación y frenar la sensación de exclusión del ámbito financiero.

Para su ejecución se empleará material pedagógico de las entidades bajo los principios del Código de buenas de prácticas elaborado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores dentro del programa Finanza para todos, lo que garantiza su enfoque puramente informativo.

Las entidades podrán colaborar además en el diseño e implantación de herramientas que faciliten el acceso universal a dinero en efectivo, con independencia del lugar de residencia de las personas usuarias, así como en procedimientos de operativa bancaria adaptados a las características generales de las personas mayores y enfocados a facilitar su inclusión.