En Andalucía hay 25.000 sanitarios más con sueldos un 14% superiores que en el último año del PSOE

El informe sobre la situación socioeconómica de Andalucía 2022 ha puesto de relieve este miércoles que el fuerte impulso que Juanma Moreno ha dado a la inversión sanitaria en la comunidad está teniendo sus frutos. Se ha pasado de invertir en Sanidad el 6,1% del PIB con el PSOE al 7,5% del PIB con el PP, lo que se ha traducido, entre otras muchas cosas, en que ahora hay 25.000 profesionales más en la Sanidad andaluza y que, además, cobran un 14% más que cuando los socialistas gobernaban la comunidad.

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, se ha reunido esta mañana con el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Juan Marín, quien ha entregado a la consejera el informe sobre la situación socioeconómica de Andalucía 2022.

Entre los puntos tratados durante el encuentro, han hablado de la atención y los refuerzos de los servicios públicos sanitarios. En este sentido, la titular de Salud y Consumo ha trasladado el trabajo del Gobierno de Andalucía por «una mayor accesibilidad, equidad y calidad» de los servicios públicos de la Salud.

Un esfuerzo que se ha visto reflejando, entre otros aspectos, en el incremento de la inversión sanitaria, pasando del 6,1% del PIB en Sanidad en 2018 al 7,5% en 2024, destaca la Consejería en nota de prensa. Además, ha destacado el incremento de 25.000 profesionales más actualmente en la plantilla del Sistema Sanitario Público de Andalucía y las mejoras de las condiciones laborales de estos, que se han traducido en un aumento del 14% de media en sus salarios.

Por otro lado, ha incidido en los pasos que está dando la Consejería de Salud y Consumo para la puesta en marcha de un nuevo modelo sanitario que tiene como base la prevención, la promoción de la salud, la atención a la cronicidad, la investigación y la humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Misión reducir agresiones

La Junta de Andalucía prevé tener en vigor en el plazo de un año la prometida ley contra las agresiones a profesionales sanitarios, que incluirá la puesta en marcha de un Observatorio para prevenir estos actos y un régimen sancionador que proteja a los profesionales mediante la imposición de multas económicas contra sus autores.

Así lo ha trasladado la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, durante un encuentro mantenidocon la ejecutiva del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) presidida por Jorge Fernández Parra, al que ha agradecido su voluntad de diálogo constante y de acuerdo sobre las acciones que se lleven a cabo dentro del sistema sanitario público de Andalucía.

Entre los principales asuntos de interés abordados durante la reunión, García ha hecho especial hincapié en la Ley contra las agresiones a los profesionales sanitarios comprometida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un escenario en que «está aumentando la agresividad y la conflictividad en la sociedad, no sólo dirigida a los profesionales de la salud, sino que también ha habido un aumento exponencial de agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la comunidad educativa o en el ámbito familiar».

En declaraciones a los periodistas tras el encuentro, la consejera de Salud ha subrayado la necesidad de impulsar una Ley para «proteger a los profesionales sanitarios, que son los que nos cuidan desde que nacemos hasta que morimos y ellos hacen su trabajo desde un juicio clínico siempre mirando el bien de la persona e intentando mejorar su calidad de vida y su salud».

«Nuestra función nunca puede ser solucionar un conflicto a través de una agresión y vamos a trabajar en ello con un ley muy potente que incluirá la puesta en marcha de un Observatorio contra las agresiones y un régimen sancionador para proteger a los profesionales sanitarios en el ámbito de su trabajo», ha añadido Catalina García, que ha detallado que la Consejería ya cuenta con un borrador de la futura Ley que en el plazo «de un año puede estar funcionando».

Preguntada por el régimen sancionador previsto en la Ley, la consejera ha destacado que se incluirán sanciones económicas, «que muchas veces suelen ser las que más duelen y las que hacen pensar a las personas» más allá de la propia vía judicial.