«Sin datos, sin dirección y sin pasaporte»: denuncian la llegada de enfermos desde los aeropuertos a las Urgencias

«En mi hospital vienen a diario muchas personas muy ancianas y muy enfermas en silla de ruedas, recién bajadas del avión, sin datos, sin dirección, sin pasaporte…, nada. Entran por Urgencias y, por supuesto, colapsan todo el sistema». El mensaje, publicado en X por un usuario que asegura trabajar en un hospital, Pelayo Melania, pone palabras a una preocupación que empieza a aparecer también en las denuncias de profesionales sanitarios: la llegada a España de pacientes extranjeros que, tras ser diagnosticados de enfermedades graves en sus países de origen, viajan directamente a hospitales españoles para recibir asistencia.

No se trata únicamente de una discusión sobre la solidaridad o el derecho a la atención médica, sino de quién paga esos tratamientos, qué controles existen y hasta dónde puede llegar la responsabilidad de un sistema sanitario financiado con los impuestos de los ciudadanos.

El testimonio no es aislado en el debate público. El pediatra de Urgencias David Andina ha denunciado en X que en los hospitales se reciben pacientes procedentes de distintos países latinoamericanos, algunos de ellos con patologías complejas, que llegan directamente desde el aeropuerto. Andina menciona procedencias como Perú, Venezuela, Bolivia, Panamá, Colombia y Guatemala, y advierte de la posible existencia de intermediarios que facilitan estos desplazamientos. Su denuncia apunta, además, a una evolución del fenómeno: de los menores con cáncer que protagonizaron anteriores informaciones, se habría pasado también a pacientes adultos con enfermedades graves.

La polémica coincide con la campaña que el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, lanzó el pasado 5 de noviembre para informar a los inmigrantes de que pueden acceder a la sanidad pública española con independencia de su situación administrativa. El vídeo, difundido en varios idiomas y con un coste superior a los 140.000 euros, insiste en que quienes viven en España tienen derecho a una atención sanitaria completa y les invita a acudir a su centro de salud. Sin embargo, este vídeo ha sido utilizado para atacar a las comunidades autónomas y buscar el voto extranjero.

El Real Decreto-ley 7/2018 estableció el acceso a la asistencia sanitaria de los extranjeros sin residencia legal, pero también fijó condiciones para que esa atención corra a cargo de fondos públicos: que no exista obligación de acreditar cobertura por otra vía, que no puedan exportar el derecho sanitario desde su país de origen y que no haya un tercero obligado al pago.

A esa regulación se suma el Real Decreto 180/2026, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado marzo, que desarrolla el procedimiento para reconocer ese derecho. La norma permite que, una vez presentada la solicitud, se entregue un documento provisional que facilita el acceso a la asistencia mientras se tramita el expediente.

La cuestión, por tanto, no es cuestionar que un hospital atienda a una persona que llega en una situación de gravedad. La obligación médica de prestar asistencia urgente no está en discusión. El interrogante es qué sucede después: quién comprueba la situación administrativa y sanitaria, quién identifica al responsable del pago, qué mecanismos existen para reclamar el coste al país de origen o a una aseguradora y qué ocurre cuando el paciente necesita un ingreso prolongado, una intervención quirúrgica o un tratamiento oncológico de cientos de miles de euros.

🔴 Cada semana los Servicios de Urgencias de los hospitales de las principales ciudades reciben pacientes sin ningún vínculo con España que han sido diagnosticados de una enfermedad grave en sus país y que directamente desde el aeropuerto cogen un taxi o solicitan una ambulancia.

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— david andina (@daandina) November 5, 2026

Por otra parte, los datos oficiales del Ministerio de Sanidad permiten aproximarse a la dimensión de la asistencia sanitaria prestada a la población extranjera en España, aunque no ofrecen todavía una cifra global de pacientes no nacionales atendidos por el Sistema Nacional de Salud. Según una respuesta parlamentaria del Gobierno, a 31 de diciembre de 2024 había 1.224.576 personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes incluidas en la Base de Datos de Población Protegida del SNS. Esta cifra, que procede de información facilitada por el propio Ministerio de Sanidad al Congreso de los Diputados, refleja personas con acceso reconocido a la asistencia sanitaria, pero no significa que todas ellas hayan acudido a un hospital ni que se trate exclusivamente de inmigrantes en situación irregular.

En este sentido, y tras el Real Decreto-Ley 7/2018, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, en el que se reconoce el derecho a la asistencia pública para los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, el Gobierno obliga a las comunidades autónomas a poner en marcha el procedimiento de solicitud, registro y expedición del documento acreditativo correspondiente.

A fecha del 31 de diciembre de 2025, constan registradas en SIP- CIBELES, un total de 150.454 personas titulares de la prestación T85 (extranjero residente no registrado ni autorizado) con documento acreditativo (DASE) expedido, junto con 272 solicitudes activas (S85).

Durante 2025, el Servicio Madrileño de Salud facilitó el acceso a la asistencia sanitaria pública a estas 150.726 personas en situación de residencia administrativa irregular, lo que supone un incremento del 17% respecto al año 2024. 

Baleares: 43 millones facturados a turistas en un año

Un ejemplo de la dimensión económica del fenómeno se encuentra en Baleares. El Servei de Salut atendió en 2024 a 98.883 turistas extranjeros y registró una facturación de 43,45 millones de euros, según los datos difundidos por el director de gestión y presupuestos del IB-Salut, Yago Gómez.

De ese importe, aproximadamente 39,68 millones correspondieron a 68.176 visitantes que presentaron la Tarjeta Sanitaria Europea. En estos casos, el coste se reclama a las administraciones responsables de la cobertura sanitaria de los pacientes. Los 3,8 millones restantes correspondieron a otras asistencias facturadas fuera de ese grupo.

¿Y qué ocurre con quienes llegan expresamente para tratarse?

Aquí se encuentra uno de los principales interrogantes. No es lo mismo que un turista sufra un accidente o una enfermedad durante sus vacaciones que viajar deliberadamente a España para someterse a una operación, recibir un tratamiento oncológico o acceder a una prestación que no está disponible en su país.

La Tarjeta Sanitaria Europea no cubre los desplazamientos cuyo propósito sea recibir tratamiento médico. Para la asistencia programada existen procedimientos específicos, como el documento S2, que requiere autorización previa del organismo competente en los casos establecidos. También existe la Directiva 2011/24/UE, que regula la asistencia sanitaria transfronteriza y las condiciones para obtener el reembolso de los gastos.

Fuera del ámbito europeo, la situación depende de los convenios bilaterales que España tenga suscritos y de la cobertura que pueda acreditar el paciente. Cuando no existe un país o una entidad responsable del pago ni se cumplen los requisitos para recibir asistencia con fondos públicos, los servicios sanitarios pueden reclamar el importe directamente al paciente.

El problema es que con el Gobierno de Pedro Sánchez no existe una estadística nacional pública que permita conocer cuántas personas procedentes de países de fuera de Europa viajan expresamente a España para recibir tratamientos en la sanidad pública, cuánto cuestan esas intervenciones y qué porcentaje de las facturas se recupera.