El Ministerio de Mónica García asigna médico y pediatra a 400 invasores en Ceuta mientras la sanidad sigue colpsada

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de salud, política sanitaria y análisis de opinión en OKDIARIO.
• • 01/10/2026 10:32
  • Actualizado: 01/10/2026 10:32

La sanidad de Ceuta afronta un nuevo foco de tensión. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido incorporar a los cupos de Atención Primaria a casi 400 personas inmigrantes ilegales que considera vulnerables con derecho a asistencia sanitaria, de manera que serán atendidas por los profesionales de Medicina de Familia y Pediatría de los centros de salud de la ciudad. La propia Administración calcula que el reparto supondrá aproximadamente siete pacientes adicionales por facultativo. Aunque sanitarios aseguran que serán muchos más en detrimento una vez más de los ceutíes.

La decisión llega en un momento especialmente delicado para el sistema sanitario ceutí, que lleva dos meses sometido a una presión asistencial extraordinaria. Y coloca sobre la mesa una pregunta que afecta directamente a los ciudadanos de Ceuta: si aumentan los pacientes asignados a los médicos de Atención Primaria, ¿aumentan también en la misma proporción los profesionales encargados de atenderlos? La respuesta es negativa, al igual que ha ocurrido en el hospital de Ceuta.

INGESA sostiene que el reparto se limita a los más de 400 personas y rechaza expresamente que se vaya a incorporar a los cupos a toda la población migrante presente en la ciudad. El grupo está formado por 86 menores de 14 años, algo más de 260 jóvenes de entre 14 y 17 años, cerca de 50 mujeres, algunas al parecer embarazadas, y nueve adultos vulnerables con enfermedades crónicas que necesitan seguimiento.

Pero el debate no desaparece por el hecho de hablar de cifras. Esos pacientes necesitan médico, pediatra, seguimiento, pruebas, derivaciones y, cuando corresponda, atención especializada. Es decir, entran en el circuito sanitario ordinario y no en un sistema asistencial paralelo.

Y ahí aparece uno de los principales interrogantes de la decisión de Mónica García una vez más: qué impacto tendrá ese nuevo volumen asistencial sobre unos profesionales que ya tienen sus propios cupos y sobre unos centros de salud que llevan tiempo reclamando recursos humanos.

El propio organismo dependiente del Ministerio de Sanidad ha tenido que convocar durante 2026 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria y de Pediatría de Atención Primaria en Ceuta. Entre ellas figuran plazas vacantes de Medicina Familiar y Comunitaria y varias de Pediatría en distintos equipos de Atención Primaria.

Sin cubrir plazas de médicos

La paradoja resulta evidente: mientras INGESA reconoce la necesidad de cubrir puestos de médicos y pediatras, incorpora nuevos pacientes a los cupos existentes. La Administración asegura que vigilará las necesidades asistenciales y que, si fuera necesario, adoptará medidas para incorporar más profesionales.

La cuestión es si esas contrataciones llegarán antes de que el incremento de pacientes se traduzca en más dificultad para conseguir una cita, más presión sobre las consultas y más derivaciones hacia unas urgencias y un hospital que ya soportan una situación particularmente compleja.

La situación migratoria ha obligado al INGESA a desplegar dispositivos sanitarios específicos, pero han sido muy escasos. El pasado 31 de julio, ante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, el organismo activó un dispositivo especial de refuerzo en Atención Primaria y Atención Especializada. Entre las medidas adoptadas estuvo la ampliación de horarios y el refuerzo de médicos de familia y enfermería en determinados centros.

El asunto tiene además una segunda derivada. Una vez que un paciente entra en Atención Primaria, puede acceder al resto del circuito sanitario cuando clínicamente esté indicado. La puerta de entrada es el médico de familia o el pediatra, pero el recorrido asistencial puede continuar por especialistas, pruebas diagnósticas, urgencias u hospitalización.