¿Subir impuestos para solucionar el déficit? (II)

Entre 2011 y 2018, los impuestos —que son a cargo nuestro y cuyo dinero sale directamente de nuestros bolsillos— han aumentado en 60.000 millones de euros. En cambio, no se puede decir lo mismo de los salarios, de nuestro nivel de vida y de nuestro poder adquisitivo. El Estado va succionando recursos del sector privado para mantener su costosa parafernalia a costa de ir empobreciendo al pueblo llano, que somos nosotros.

Si al menos todo ese esfuerzo que hemos hecho hubiera servido para paliar la hemorragia del déficit, podríamos hasta cierto punto congratularnos, pero la cruel realidad financiera nos dice que bajo la égida de quien fuera ministro al frente de nuestra Hacienda Pública, entre 2012 y 2018, el déficit acumulado en el transcurso de estos años supera los 413.000 millones de euros. ¡Austeridad, le llaman a eso! Otrosí, para animar esta complicada vuelta a la realidad cotidiana tras el período vacacional e ir aterrizando en el mundo real, subrayemos que la deuda total del Estado —los pasivos en circulación de las Administraciones Públicas— desde el 31 de diciembre de 2011 al 31 de marzo de 2018 se ha incrementado por encima de los 678.000 millones de euros.

Concretando un poco más, digamos que a 31 de diciembre de 2011 la deuda bruta del Reino de España suponía 957.600 millones de euros y cuando Mariano Rajoy abandona el palacio de La Moncloa suma 1.635.904 millones de euros. ¿Alguien en su sano juicio y mínimamente ilustrado en asuntos contables puede afirmar que subiendo los impuestos se ataja esa hemorragia deficitaria, ese virus del imparable gasto público y la implacable epidemia de la deuda pública?

Podemos —de podar— el gasto público, prescindamos de tanto dispendio superfluo y del todo innecesario, desalojemos a tanto parásito que chupa del dinero público y en poco tiempo España endereza su senda. De lo contrario, nos dirigimos hacia un precipicio de sovietización económica en el que todos trabajaremos para sostener al todopoderoso Papá Estado para lucro de unos cuantos que manejan el país a su libre antojo. Cuando en un país los tipos de gravamen pisan la línea del 50% sobre la renta o incluso lo superan, eso no es tributar sino confiscar.