Opinión

Pulseras antimaltrato: presunta corrupción y probada negligencia

Con independencia de la investigación que la Fiscalía Europea está haciendo de la contratación que el Ministerio de Igualdad llevó a cabo para la adquisición y control de las pulseras antimaltrato, financiada con fondos comunitarios, lo cierto es que, a día de hoy, estas siguen fallando y poniendo en peligro, en consecuencia, a un número no precisamente menor de víctimas de violencia de género. Lo que parece evidente es que, tras la polémica desatada en septiembre de 2025, cuando la Fiscalía General del Estado denunció en su memoria anual que se había producido «gran cantidad» de absoluciones de maltratadores por los múltiples fallos en los dispositivos, las cosas siguen igual. Se conoció entonces la baja calidad de las pulseras y las numerosas incidencias que día a día sufrían las víctimas de la violencia de género, con fallos de geolocalización de los agresores o alarmas que no saltaban ante su cercanía.

La respuesta de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue la clásica: acusar a los medios de comunicación que se hicieron eco —el primero fue OKDIARIO— de la advertencia de la Fiscalía de propagar «bulos» y de formar parte de la «fachosfera», que es lo que siempre hace el Gobierno cuando no tiene argumentos. Pues bien, habría que decirle a la ministra Redondo que, según la Policía, los fallos en las pulseras se siguen produciendo, por lo que no es descartable que la titular de Igualdad acuse a la Policía de propagar bulos. De modo que ya no estamos sólo ante un presunto escándalo de corrupción, un fraude con fondos de la UE, sino que las graves deficiencias en el sistema telemático de las pulseras siguen sin resolverse.

El Tribunal de Cuentas también detectó «graves deficiencias» en la contratación y decidió fiscalizar los contratos celebrados por Igualdad para la prestación del servicio en los ejercicios 2018, 2021 y 2023, vigente hasta mayo de 2026, todos ellos por un importe total de 102,6 millones de euros, de los cuales 42,6 millones correspondían al polémico contrato de 2023 financiado, en parte, con cargo a fondos europeos. O sea, presunta corrupción —vamos a dejarlo por el momento ahí— y probada negligencia.