No hay viviendas por culpa de Sánchez y Rufián

Gabriel Rufián resume perfectamente cuál es la idea que los críos que acampan en la Puerta del Sol de Madrid tienen acerca del problema de la vivienda en España: «Si con el desahucio salvaje de una señora de 87 años en directo y con miles de personas indignadas y decepcionadas en la calle no eres capaz de legislar para tocarle la cara de una vez a los fondos buitres y a los grandes acumuladores de vivienda de este país, simplemente es que no mereces gobernar», escribió en un tuit esta mañana.

Si la culpa fuera exclusivamente de los fondos buitres y los grandes tenedores, el problema sería pequeño y la solución bien sencilla. Nada más lejos de la realidad.

Llaman «fondos buitres» a los fondos de inversión que compran activos baratos y en apuros (carteras hipotecarias de bancos rotos, paquetes de Sareb, promociones a medias) para sacar rentabilidad: ejecutar, subir rentas y revender.

Son propietarios de menos del 0,5% de las viviendas de España, que suponen menos del 1% de las de alquiler. Por su parte, como «grandes acumuladores de vivienda», Rufián se refiere a los «grandes tenedores», que son aquellos sometidos a restricciones legales por poseer más de 10 viviendas y que se estima que son propietarios de menos del 3% del total de viviendas, que representan menos del 5% de las de alquiler. El Banco de España da el dato de que el 92% de los pisos en alquiler en España pertenecen a pequeños propietarios.

Lo que expresa Rufián es una idea que cala bien en una sociedad absolutamente infantilizada que disfruta encontrando grandes villanos a los que culpar de sus problemas, siempre mirando bien lejos de los políticos autodenominados «progresistas», que son los únicos culpables de todo este follón.

La descripción de cuál es el problema actual de la vivienda en España es muy sencilla y no admite debate, pues los datos son claros. El Banco de España dice que, en 2025, se construyeron unas 90.000 viviendas, mientras se crearon unos 200.000 nuevos hogares.

Después de la crisis de 2008, la demanda de vivienda, tanto en compra como en alquiler, ha crecido muchísimo más que la oferta; los precios se han disparado, hay muchísimas menos casas de las que se necesitan y las que hay están a un precio inasumible para una amplísima capa de la población.

Echarle la culpa de esto a unos fondos buitre que no poseen ni el 0,5% de las casas o a unos grandes tenedores con menos del 3% de ellas es, sencillamente, ridículo. En España, grandes tenedores son el Gran Wyoming y cuatro socialistas más. Poca cosa para tan enorme crisis.

Una vez descrito el problema, hay que hablar de las causas y aquí, entre los expertos, hay unanimidad. La demanda, tanto de compra como de alquiler, ha crecido casi exclusivamente por la avalancha de inmigrantes que han llegado a España, sobre todo desde que gobierna Pedro Sánchez.

Y la oferta no ha crecido a ese mismo ritmo por la conjunción de múltiples motivos, entre los que los más importantes son que no hay suelo disponible allí donde se necesita; que los permisos y licencias para construir pueden llegar a demorarse años; que, a pesar de los altísimos precios, la rentabilidad del sector de la construcción es mucho más baja que en los países vecinos y está entre las menores de todas las actividades de la economía española; que más de un 25% del precio final de una vivienda son impuestos, tasas y licencias que se llevan las administraciones públicas; a lo que además se une la dificultad de encontrar profesionales para trabajar en el sector de la construcción y que la normativa que protege a los inquilinos vulnerables lo hace a costa de sus caseros; además de la parálisis en la construcción de esas viviendas públicas que Pedro Sánchez promete cada año, mientras la OCDE sitúa a España por debajo del 2% del parque total, enormemente lejos del 8% de media de la Unión Europea.

Y la forma de resolverlo es clara: hay que volver a liberalizar el suelo, como hizo Aznar en 1998 y deshizo Zapatero en 2007; hay que simplificar los procedimientos administrativos para acortar los plazos de las licencias; bajar impuestos que suben los precios; incentivar la formación profesional y cargar la política social de protección a los más desfavorecidos sobre las administraciones públicas y no sobre caseros y ahorradores.

Además, las administraciones deben construir con urgencia esas miles de viviendas públicas para alquiler social que estructuralmente hacen falta, pero esta vez, a diferencia de lo que se hizo con las VPO, se debe mantener ese stock público en manos del Estado para encargarse de ayudar a quienes de verdad lo necesiten.

El problema de la vivienda en España sólo se podrá solucionar cuando nos quitemos de encima el socialismo sanchista y a todos los gabrieles rufianes que lo sostienen.