De mal en peor, señora ministra

Mal empezamos. La nueva ministra de Justicia, perteneciente a la carrera judicial como su predecesor, ya se ha puesto al día en su ración de desaires a quien no es de su cuerda y de ataque y derribo de las instituciones.

Recién incorporada a sus ministeriales funciones se reunió sin dilación con la gente de «su» asociación judicial, Juezas y Jueces para la Democracia, que es la tercera en cuanto a representatividad en la carrera. Poco le importaron las apariencias. Ninguneó al resto de asociaciones judiciales dando a entender quién manda y a quién va a favorecer. ¿De verdad era necesario esta toma de posición y descortesía? No hay precedentes al respecto. Es más, al anterior ministro, en octubre de 2020, tres asociaciones de jueces intentaron entregarle en mano el Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial para despolitizar el CGPJ, acompañado de 20.000 firmas; sin embargo, tuvieron que esperar a que el ministro les convocara dos meses más tarde, junto con la asociación de la actual ministra, que no tuvo a bien participar en aquella iniciativa por la independencia y despolitización del órgano de gobierno de los jueces. Mal síntoma.

Por otra parte, la ministra no tiene la más mínima intención de impulsar la reforma de la LOPJ para que los 12 vocales del CGPJ de extracción judicial sean elegidos democráticamente por los propios jueces: un juez/un voto. Ha declarado que su prioridad es «renovar» el Consejo General del Poder Judicial, olvidando que lo imprescindible es, primero, su «regeneración» para despolitizar la elección de quienes gobiernan a los jueces. No se trata de lo que más le guste a la ministra o al Gobierno en el que se integra, sino de las exigencias europeas sobre los estándares de independencia. Lo acaba de recordar Bruselas en su reciente evaluación sobre el Estado de derecho en España: «La UE urge a España a que sean los jueces quienes elijan al CGPJ», puede leerse en Libertad Digital de 20 de julio. El Ejecutivo comunitario reclama «aplicar los estándares europeos» y que en el Consejo General del Poder Judicial «haya una mayoría de jueces elegidos por sus pares». Tal y como ha señalado el comisario de Justicia Didier Reynders, «la elección de los magistrados es un problema en Polonia, pero también en España» (El Mundo, 20 de julio de 2021). Y advierte de que solo reformando el CGPJ se mejorará la percepción sobre la politización de los órganos judiciales.

Tome buena nota, señora ministra. Abandone ya la machacona cantinela de la legitimación parlamentaria ―que supone una seria amenaza de politización del órgano de gobernanza de los jueces y un potencial foco de corrupción― y apueste con valentía por la legitimación democrática, que nos viene reclamando Europa desde hace ya demasiados años, para que sean directamente los propios jueces quienes elijan a 12 de sus gobernantes. ¿Hay algo más democrático que sean los gobernados (jueces) quienes elijan a sus gobernantes (vocales del CGPJ)?

¡Ah! Y transmítale a su colega, el ministro de Presidencia que, por mucho que lo repita cientos o miles de veces, no es verdad que estén respetando los estándares europeos. Con Europa no les vale la treta propagandística goebbeliana de la orquestación: «Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad».

La andanada de la señora ministra de Justicia contra el Tribunal Constitucional no ha sido menor. Tras pronunciarse aquel sobre la constitucionalidad del primer estado de alarma, la señora ministra, en sus declaraciones, ha deslegitimado la labor del Alto Tribunal como garante de la Constitución, pese al uso de la muletilla inicial de que «el Gobierno respeta» la sentencia (solo faltaba que no lo hiciera), sin siquiera dejar claro que la «acata», es decir, que no solo la respeta, sino que también se somete y acepta la autoridad superior de dicha sentencia. ¿Habrá sido un lapsus o soberbia deliberada?

El Tribunal Constitucional se pronunció tarde; cosa que al Ejecutivo le traía sin cuidado pues no parece que tuviera prisa alguna al respecto. Pero se pronunció en contra del Gobierno y eso, el socialcomunismo, no lo lleva nada bien ni lo perdona. Desde el Gobierno se llamó a rebato contra el Alto Tribunal y, de paso, contra los jueces en general que son «demasiado independientes». Ministros, voceros y prensa del régimen salieron en tromba a descalificar la sentencia y cuestionar al Tribunal. Valgan tres ejemplos como botón de muestra:

• Margarita Robles, ministra de Defensa, acusó al Tribunal Constitucional de carecer de «sentido de Estado», lo que viene a ser una queja por no alinearse con las tesis del Gobierno, y despreció el sentido de la sentencia calificándola de «elucubraciones doctrinales».
• Ione Belarra, ministra podemita de Derechos Sociales y Agenda 2030, llegó a la conclusión de que hay un «problema» con la justicia, porque los jueces «hacen oposición al Gobierno». Más de lo mismo: reprocha al Tribunal Constitucional que no se alinease sumisamente con las políticas del Gobierno.
• Pablo Fernández, portavoz de Podemos, acusó a los magistrados de «pasarse por el arco del triunfo» la separación de poderes del Estado. Tiene su aquel que esto lo diga alguien cuyas políticas se inspiran en regímenes totalitarios bolivarianos, como Venezuela, o comunistas, como la dictadura cubana. Allí sí se pasan por el arco del triunfo la separación de poderes y los derechos humanos. Por tanto, el señor portavoz de Podemos, tributario de ideologías totalitarias, nada puede enseñar a los jueces españoles sobre el escrupuloso respeto a la división de poderes.

La novel ministra de Justicia no fue a la zaga de sus correligionarios. Se estrenó enfangando la toga que en otros tiempos vistió. Hizo una enmienda a la totalidad de la sentencia del Tribunal Constitucional, echándole una regañina impropia de quien tiene la obligación de respetar y garantizar el juego de pesos y contrapesos en un Estado de derecho. La ministra de Justicia cuestionó la resolución del Alto Tribunal mediante perogrulladas tales como que el «confinamiento del estado de alarma permitió salvar cientos de miles de vidas» o que el Gobierno puso en marcha unas medidas «inmediatas, urgentes y proporcionadas para defender la vida de millones de compatriotas». Esa no es la cuestión, señora ministra, y usted lo sabe bien. Claro que había que salvar vidas y tomar medidas urgentes con severa incidencia en los derechos fundamentales. Pero lo decisivo del caso, en términos constitucionales, era otra cosa: el instrumento legal para hacerlo. ¿Procedía declarar el estado de alarma o el estado de excepción?

La diferencia no es baladí, singularmente por la menor relevancia de la participación del Congreso de los Diputados en el estado de alarma, elegido a su conveniencia por el Gobierno; y por la intensidad de la injerencia sobre los derechos fundamentales, que pueden suspenderse en el estado de excepción, pero únicamente limitarse en el de alarma.

Se empeñó, además, en enfatizar que 5 magistrados, en minoría, participaban de las tesis del Gobierno. Quizás debiera recordarse a la señora ministra que también hubo 4 votos particulares, en minoría, en contra de la constitucionalidad de la Ley de Violencia de Género (STC 59/2008), y no le hemos oído jamás decir que dicha ley superó «a duras penas» el filtro de su constitucionalidad.

Este ataque al Constitucional solo fue el epílogo de un previo asalto fallido durante sus deliberaciones. Hubo presiones, afortunadamente fracasadas, desde el Ejecutivo para controlar el fallo. Según publicó Okdiario el 14 de julio, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional «recibió presiones de Carmen Calvo para cambiar su voto sobre el estado de alarma». «Calvo presionó a magistrados del TC para salvar el primer decreto de alarma», podía leerse en el ABC del 14 de julio. El 15 de julio, Libertad Digital titulaba: «Pedro Sánchez presionó personalmente al presidente del TC para frenar la sentencia contra el estado de alarma». Y, sin ánimo exhaustivo, el 17 de julio, sacaba El Mundo en su portada el siguiente titular: «La magistrada Encarnación Roca sobre las presiones al Constitucional: Yo también he recibido esas llamadas del Gobierno». ¿Cómo era eso de que «a las mujeres siempre hay que creerlas»? Pues, también habrá que creer a doña Encarnación.

Todo apunta a que, desde el Gobierno del Reino de España, se ha intensificado el acoso y derribo de cuanto suene a independencia judicial (Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas y, ahora, el Tribunal Constitucional). Lo hacen, además, con argumentos simplistas y demagógicos, dirigidos a desviar la atención de sus propias deficiencias. No hay el menor atisbo de crítica jurídica en sus manifestaciones, sino únicamente eslóganes facilones tendentes al descrédito de aquello que se quiere asaltar o derribar. En realidad, nada nuevo bajo el sol; basta echar un vistazo a los once principios de la propaganda enunciados por Goebbels, ministro de la Alemania nazi, para detectar las coincidencias.

Desoyen, así, las llamadas de atención del Consejo de Europa a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo para que «respeten la autoridad del poder judicial y se abstengan de críticas públicas inapropiadas, no objetivas o únicamente motivadas en razones políticas (Consejo Consultivo de los Jueces Europeos, Informe de 2015 y Plan de acción del Consejo de Europa para reforzar la independencia y la imparcialidad del poder judicial, 2016).

En fin, que esto de los ministros de Justicia del Reino de España, y de sus colegas del Gobierno, va de mal en peor.

Alfredo de Diego Díez

Miembro de la asociación de jueces y magistrados Foro Judicial Independiente. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).