Las llaves del golpe

Las advertencias bolivarianas de Pablo Iglesias a la oposición, con lenguaje  de matón de barrio y la amenaza de que nunca el centroderecha volverá a gobernar el país, son peccata minuta con el asalto al Poder Judicial que pretenden PSOE-Podemos y que ya han iniciado por la vía de hecho con su aparato de propaganda, tan sofisticado como peligroso.

Prueba de lo que se traen entre manos ha sido la imagen bochornosa de la juez Marta Canales Gantes, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña, posando ante las cámaras sin rubor alguno en la entrega de las llaves del Pazo de Meirás a la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey. Esta absoluta falta de independencia de Canales, que evitó mandar a un letrado judicial en su lugar y que quiso bailarle el agua al Gobierno pese a ser una de las partes del litigio en cuestión, es sólo un anticipo, un aperitivo con cachelos de lo que persigue el Frente Popular.

La misma magistrada que firmó la sentencia de reconocimiento de titularidad pública de la mansión se quitó la venda de los ojos y se lió a la cabeza la manta del revisionismo zapateril para brindar sobre el fallo ante los focos. Echando así por tierra la neutralidad que se le presuponía para dictar tal resolución. Aquí no ha habido, a tenor de lo visto, justicia ciega, sino toga manchada por el polvo del camino.

Como la que ya luce Castro, otra zapadora de la nueva progresía, desde que fue nombrada por Sánchez en 2018 como nueva abogada general del Estado. Es la misma depuradora que purgó al honesto Edmundo Bal tras negarse a borrar todo rastro de la palabra «violencia» en su escrito de acusación, una maniobra de Estado para librar a los golpistas del delito de rebelión. Y que llegó a término.

Con esta pléyade tan rampante como servil a los postulados del esnobismo socialcomunista, quiere el Ejecutivo bipartito asaltar el Poder Judicial para someterlo a su agenda ideológica y garantizarse una permanencia en La Moncloa por varias legislaturas, más que el mandato de Felipe González. Hasta dos iniciativas tienen registradas los socios para conculcar la independencia judicial más pronto que tarde. Renovación de los vocales del CGPJ sin el consenso que fijó el legislador y prohibición de hacer nombramientos estando en funciones como permite la actual legislación.

De tomar la mayoría Franskenstein el Poder Judicial, sin el aval de dos tercios de las Cortes, la venezolanización chavista de España irá pasando de una lejana pesadilla a visos de una cruda realidad, peligrando la celebración de unas elecciones limpias en 2023, ahora que el Fraudillo ya se ha garantizado un horizonte de supuesta estabilidad tras la aprobación de los Presupuestos del hachazo. Ojalá las llaves de la libertad nunca sean las del golpe.