El Gobierno se saltó la Ley de Nietos para defender su «espíritu»

La respuesta de la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, en la que daba instrucciones a los cónsules sobre cómo aplicar la Ley de Nietos, no deja lugar a dudas: «Sí, se podrá ejercer el derecho de opción a la nacionalidad española sin necesidad de presentar documentos acreditativos de la expatriación o salida del territorio español y permanencia estable en el territorio de otro Estado». Hala, con dos narices y por la calle del medio, la hermana del ministro de Transportes trituró la norma aprobada en el Congreso que dice así: «Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española».

Lo más grande es que Sofía Puente justificó su decisión con el argumento de que era para garantizar el espíritu de la ley. O sea, que como la ley exigía demostrar la condición de exiliados de los españoles que abandonaron España durante la Guerra Civil y el franquismo, el Gobierno, de tapadillo, modificó la ley para respetar su espíritu cambiándolo. Hace falta tener la cara de cemento armado. En el oficio, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Puente respondía a las dudas planteadas desde los consulados en relación a la aplicación de la conocida como Ley de Nietos.

La pregunta que el consulado general de España en Montreal (Canadá) trasladó fue la siguiente: «¿Pueden ejercitar el derecho de opción a la nacionalidad española, reconocido por la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 (…) sin necesidad de presentar documentos acreditativos de la expatriación o salida del territorio español y permanencia estable en el territorio de otro Estado?». Y Sofía Puente respondió como ha quedado entrecomillado. Lo que demuestra que se saltó la ley a conciencia. Y encima se sorprenden por el hecho de que el Supremo haya paralizado la inscripción en el censo de los nacionalizados.