El ‘biscotto’ de la vergüenza

Cuando el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sorprendió al respetable en septiembre rescatando la sombra de la duda sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez, no sólo estaba comprometiendo a éste, sino también al presidente del PP, Pablo Casado. Porque el destino ha querido que los mandamases del bipartidismo se batan en duelo en el hemiciclo y en las urnas el próximo 28 de abril lastrados hasta las cejas por su pasado académico: el socialista, con un doctorado fake, y el popular, con un máster que todavía traerá cola.

Por eso mismo, porque ambos saben desde septiembre que se necesitan, que quien golpee más fuerte, el ataque se le puede volver en contra, desde las altas esferas de sendos partidos se ha ido dando forma a lo que en el fútbol italiano llaman biscotto, es decir, el amaño de un empate entre dos equipos que beneficia a ambos.

Hay tres hechos que apuntalan la teoría del biscotto. El primero momento clave llegó en diciembre, cuando, una vez constituida ya en el Senado la Comisión de investigación de la tesis impulsada por el PP –con el apoyo de Ciudadanos–, los populares aplazaron su arranque un mes más por “cortesía parlamentaria” con el PSOE. Así, con el parón navideño de por medio, se pospuso al 1 de febrero, y cuando llegó este día, de nuevo el PP concedió una segunda prórroga hasta este 1 de marzo. Dos meses de retraso en los que ya se podía haber erosionado aún más la imagen de Sánchez, incluso citándole a él, al ex ministro de Industria Miguel Sebastián o a Carlos Ocaña, coautor del libro-tesis. Pero nada de nada.

En paralelo, en lo que parece un acuerdo tácito a varias bandas, durante estos dos meses ni el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ni precisamente el actual portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, salpicado por el Caso Fondos Reservados, como publicó OKDIARIO –la figura aquí de Cosidó es muy importante–, han sido forzados por el PSOE a comparecer en la otra Comisión de investigación sobre la supuesta caja B del PP que se seguía en el Congreso de los Diputados.

La segunda prueba, y quizás la más dramática, ha sido la renuncia del PP, en un giro de última hora, inesperado, a que sus conclusiones de la Comisión de investigación de financiación de partidos fueran sometidas a votación en un Senado con mayoría absoluta de los populares. Casi dos años de trabajos, más de 60 horas de comparecencias, cientos de documentos analizados y la posibilidad de llevar a puerto una comisión de este tipo por primera vez en 30 años en la Cámara Alta se fueron por la borda el pasado jueves negro del parlamentarismo español. De vergüenza. Ni el Senado llevará a la Fiscalía a la presidenta del PSOE, repito, del PSOE, Cristina Narbona, por falso testimonio sobre los contratos del Caso Acuamed —posible desvío de fondos a campañas electorales de los socialistas–, ni tendrá validez legal la conclusión de que Sánchez recaudó más de 100.000 euros de “forma irregular” para sus primarias de 2017.

El informe de conclusiones del PP que iba a aprobar el jueves al Comisión –el reglamento del Senado lo permite, sin que tenga que hacerlo el Pleno– estaba redactado con tal fin, se registró con tal fin e incluso se cambió el orden del día con tal fin. Es más, en la mañana de miércoles se convocó a los periodistas vía WhatsApp a un encuentro justo antes de la comisión del jueves –su último día– para explicarles el documento. Sin embargo, dos horas de después de esa convocatoria a la prensa, el PP canceló el briefing por “problemas de agenda”. Lo mismo que la “cortesía parlamentaria”…

¿Qué sucedió en ese escaso margen de tiempo para que el portavoz del PP en esta comisión, Luis Aznar, tuviera orden de que no se aprobasen las conclusiones de la comisión? Dos acontecimientos en las 72 horas previas dan la pista: el martes, el PSOE permitió que la Comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación del PP se cerrase también sin conclusiones –igualmente tras casi dos años de trabajos–; y el mismo miércoles, y esto es muy relevante, los socialistas salvaron a Casado de comparecer en la Comisión de los másteres de la Comunidad de Madrid, mientras la Fiscalía había pedido tres años de cárcel a Cristina Cifuentes por falsificación de documento oficial.

El tercer indicio del ‘biscotto’ es una pregunta escrita que registraron unos senadores del PP sobre los ingresos de Sánchez con su libro-tesis –éste el meollo del asunto por ser objeto de delito de plagio– y que luego ni siquiera se ha elevado al Ejecutivo con el argumento de que “no parece de la competencia del Gobierno”. Los letrados del Senado, en cambio, sí avalaron que la tesis era una cuestión de “interés general” para que se creara la Comisión de investigación, donde por cierto el PP incluyó en su plan de trabajo conocer esos ingresos de Sánchez a través de la editorial Delta Publicaciones. Para los artesanos del biscotto, bon appetit a tutti; para el resto de ciudadanos, buena jornada electoral el 28 de abril.