Bazofia legislativa

Lo de aprobar dos reales decretos leyes en el mismo Consejo de Ministros, a ver cuál cuela, es una de esas escenas que explican una legislatura entera. Dos decretos sobre vivienda, dos apuestas y una misma esperanza: que alguno encuentre los votos suficientes para sobrevivir al Congreso. El Consejo de Ministros convertido en casino, el BOE haciendo de tapete y los socios parlamentarios ejerciendo de crupieres. Si uno no sale, queda el otro. Y si tampoco, siempre habrá otra urgencia esperando turno.

Tiene su gracia hasta que uno recuerda para qué inventó la Constitución el decreto ley: para la extraordinaria y urgente necesidad, no para jugar al póquer con los grupos parlamentarios. Pero en esta XV Legislatura la urgencia parece haberse convertido en una categoría política permanente. Todo es urgente cuando faltan votos y todo puede esperar cuando los votos sobran.

Ahí está una de las claves de esta legislatura: se ha confundido demasiadas veces legislar con anunciar que se legisla. La ley se presenta, se bautiza con un nombre magnífico, se anuncia como histórica y después empieza la parte menos fotogénica: averiguar qué dice exactamente, cómo se aplica y qué sucede cuando tropieza con la realidad.

Y están las leyes orgánicas, que deberían ser la alta cocina del legislador: mayoría absoluta, materias especialmente sensibles y una exigencia técnica a la altura de su rango. La ley de amnistía, por su trascendencia constitucional y por la controversia jurídica y política que ha generado, constituye el ejemplo inevitable. Una decisión de semejante calibre merecía, como mínimo, que el Derecho no pareciera el invitado secundario de la negociación política.

La Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ofrece otro ejemplo, más administrativo pero no menos sabroso. Para hacer eficiente la Justicia se cambia su arquitectura, se sustituyen los juzgados por Tribunales de Instancia y se reorganizan oficinas y estructuras. Todo muy eficiente, salvo por el pequeño detalle de que jueces, funcionarios, abogados y ciudadanos tienen después que aprender cómo funciona el invento. La palabra «eficiencia» queda estupenda en la portada. El atasco judicial, mientras tanto, no parece especialmente impresionado.

El problema no es que el legislador toque las cosas. El problema es que parece haber adquirido la costumbre de tocarlas antes de saber exactamente dónde le duele al paciente. Cada dificultad encuentra su artículo, cada artículo su excepción y cada excepción su disposición transitoria. El BOE engorda y el ciudadano adelgaza intentando entenderlo.

Y así se fabrica una curiosa forma de inseguridad jurídica: no hace falta que una ley sea manifiestamente mala; basta con que sea difícil de entender, complicada de aplicar o tan cambiante que nadie sepa cuánto tiempo permanecerá en pie. El abogado vuelve a estudiar, el juez interpreta, el funcionario improvisa y el ciudadano paga. Una cadena de producción perfectamente organizada.

No se trata de pedir menos leyes. Se trata de pedir menos bazofia legislativa. Menos titulares convertidos en artículos, menos solemnidad de escaparate y más oficio. Una ley debería servir para resolver un problema, no para demostrar que el Gobierno tiene algo que anunciar esta semana.

Porque legislar no consiste en llenar páginas del BOE. Consiste en poner reglas a la vida de los demás. Y eso debería exigir bastante más pudor que una rueda de prensa.

La XV Legislatura nos está dejando una paradoja deliciosa: cada vez tenemos más Derecho y cada vez cuesta más saber a qué atenerse.

Quizá haya llegado el momento de aprobar una última gran ley orgánica. Una ley de tres artículos.

Primero: antes de aprobar una ley, leerla.

Segundo: antes de publicarla, entenderla.

Tercero: si no hace falta, no aprobarla.

No tendría disposición adicional, ni régimen transitorio, ni reglamento de desarrollo.

Y, sobre todo, no necesitaría decreto ley.

Aunque, bien pensado, quizá tampoco colaría.