Aviso urgente por las balizas V16: Facua denuncia que no valdrán para 2026 al no estar conectadas con la DGT

La organización Facua-Consumidores en Acción ha lanzado una seria advertencia a los conductores españoles, señalando que una gran cantidad de las balizas V16 que se encuentran actualmente a la venta quedarán inutilizables a partir del 1 de enero de 2026 por carecer de la tecnología de geolocalización requerida.

La denuncia de Facua apunta directamente a un «fraude masivo» permitido por la propia Dirección General de Tráfico (DGT), al tolerar la comercialización de dispositivos que, si bien son modelos V16, no incluyen la funcionalidad esencial de conexión con la plataforma DGT 3.0 para enviar la posición del vehículo en caso de accidente o avería.

El engaño de la falta de conectividad

Según la asociación de consumidores, el problema radica en que numerosos fabricantes y vendedores están comercializando estas balizas sin la debida claridad, a menudo utilizando el logo de ‘homologadas por la DGT’ sin especificar que solo las balizas conectadas serán las obligatorias para sustituir a los triángulos de emergencia a partir de 2026.

Facua alega que esta omisión constituye un «acto de engaño» contra los consumidores, quienes están adquiriendo un producto que perderá su validez legal como elemento obligatorio en poco tiempo. Argumentan que ningún conductor compraría a sabiendas un dispositivo que pronto será obsoleto para el fin que se le atribuye.

Inacción de la DGT y llamada a la reclamación

La crítica de la organización se extiende a la DGT por su supuesta pasividad ante esta situación. Facua exige a Tráfico que implemente un protocolo de alerta pública claro y contundente para informar a todos los ciudadanos sobre cuáles son las balizas que sí cumplen con los requisitos de conectividad.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha instado a los consumidores que hayan comprado balizas sin conectividad a lo largo de este año y que no lo hayan tenido debidamente claro en la información comercial, a reclamar la devolución del importe. La organización tiene previsto remitir al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 los casos detectados de información engañosa o incompleta para que se abran los correspondientes expedientes sancionadores.