El Ayuntamiento de Cartagena deberá pagar 80.000 € a Barreiro tras su exculpación en el ‘caso Púnica’

El Ayuntamiento de Cartagena tendrá que pagar más de 80.000 euros a la que fuera alcaldesa de la ciudad entre junio de 1995 y mayo de 2015, Pilar Barreiro, tras su exculpación en el caso Púnica. El Consistorio deberá abonar a Barreiro los gastos jurídicos que tuvo que asumir la ex dirigente del PP tras ser acusada de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada. Así lo ha ordenado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1. A Pilar Barreiro también se le acusó de haber desviado fondos de las arcas municipales para contratar servicios destinados a la mejora de su reputación en redes sociales. De todas estas acusaciones ha salido absuelta.

«Por fin acaba mi calvario de demostrar que yo no hice nada, que era inocente», ha afirmado Barreiro en declaraciones a La Opinión de Murcia. La ex diputada y senadora del PP pidió la indemnización el 11 de septiembre de 2020. Así lo recoge la sentencia. Sin embargo, hubo silencio administrativo por parte del Ayuntamiento, por lo que Barreiro interpuso un recurso contencioso-administrativo y que fue admitido a trámite.

El que fuera líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cesar directamente a Pilar Barreiro por su imputación en el caso Púnica para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Se trataba de una condición «sine qua non» de Rivera al PP. Esos Presupuestos no se pudieron aprobar finalmente por la falta de apoyos parlamentarios, por lo que se tuvieron que prorrogar los del anterior año. A mediados de 2018 se produjo la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno con el apoyo de Podemos y de los partidos separatistas, incluyendo a EH Bildu.

«Caso archivado»

La ex alcaldesa de Cartagena pidió la indemnización alegando que «el procedimiento judicial fue archivado por el Tribunal Supremo, tras desestimar el recurso de apelación presentado por las acusaciones, de las que formaba parte el Ayuntamiento de Cartagena». La sentencia añade también que «desde el momento en que la Señora Barreiro es investigada ya no tiene la condición de alcaldesa de Cartagena», aludiendo a que era senadora.

En segundo lugar, la resolución recalca que «se cumplen todos los requisitos para considerar los gastos de representación y defensa en un procedimiento penal de un miembro corporativo como indemnizables». «La inculpación de la demandante tuvo lugar con ocasión del cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad como miembro de la Corporación», apostilla.

El Consistorio afirmó que Barreiro «no solicitó al Consistorio con carácter previo para que se le nombrase representación y defensa, sino que contrató por su cuenta los profesionales que estimó pertinente». El juez rechazó este argumento. El Ayuntamiento declaró que no no constaba que Barreiro no pudiera encargar la defensa a los letrados consistoriales a causa de conflictos de intereses, otro argumento que rechazó el juez: «Sí existía dicho conflicto y de no ser así, no tendría sentido que el Ayuntamiento se hubiera personado como acusación particular».

La resolución, a la que ha tenido acceso La Opinión de Murcia, condena al Consistorio de Cartagena a indemnizar a con 80.404 euros a Pilar Barreiro, más el interés legal de la misma desde que fue reclamada por el perjudicado en vía administrativa, el 11 de septiembre de 2020, y hasta el completo pago.

90.000 €

La ex alcaldesa recuerda que el Consistorio ya tuvo que abonarle casi 90.000 euros por el mismo motivo en relación al caso Novo Carthago. En aquella trama fue denunciada por la a vicealcaldesa Ana Belén Castejón y el edil Juan Pedro Torralba. Ambos forman parte del mismo partido: Sí Cartagena.

«Fueron denuncias personales que me llevaron a la ruina. Sin embargo, ahora me siento satisfecha por la compensación económica, pero a mí me pagan lo que me he gastado en abogados, no es una indemnización por daños morales. Es una vergüenza que por una actitud personal las arcas tengan que verse mermadas», ha zanjado Pilar Barreiro.