Varapalo de la Fiscalía a Más Madrid por pedir intervenir móviles en el ‘caso mascarillas’: «Es inútil»

La Fiscalía Anticorrupción asesta un nuevo mazazo a Más Madrid que quiere a toda costa aprovechar el caso de presunta estafa por las mascarillas de Luis Medina y Alberto Luceño para desgastar al alcalde José Luis Martínez-Almeida. El fiscal del caso, en un escrito que desvela OKDIARIO, rechaza la petición de los de Rita Maestre de «obtener determinados datos de conversaciones telefónicas» de testigos.

A lo largo de tres páginas se desmonta pormenorizadamente esta petición de Más Madrid. «Las diligencias solicitadas son claramente inútiles y en consecuencia han sido correctamente denegadas por el juez instructor», indica Luis Rodríguez Sol.

En primer lugar, la Fiscalía reconoce que todas las personas que han sido llamadas a declarar como testigos han mantenido un relato «coherente» en relación con como se gestionó el polémico contrato de mascarillas. «Ha quedado claramente demostrado que Luis Medina habló con Carlos Martínez-Almeida [el primo del alcalde], cuyo número obtuvo de una amiga común, que Carlos trasladó a la coordinadora general de la Alcaldía y que esta le dijo que podía dirigir su oferta a una dirección de correo electrónico genérica y pública. Ha sido confirmado por todos los intervinientes de la cadena de comunicaciones, a través de exhaustivos interrogatorios en los que no se ha advertido ninguna manifestación que desvirtúe lo sustancial», se recoge.

«La afirmación del recurrente no se compadece con la realidad, pues tanto las declaraciones prestadas hasta la fecha como la prueba documental obrante en la causa, se infiere, sin ningún género de dudas, que los querellados no recibieron ningún trato privilegiado por parte de ningún funcionario del Ayuntamiento», agrega el fiscal.

Por otra parte, Anticorrupción dice que «sólo eso sería suficiente para desestimar el recurso». No obstante, apunta que la falta de material sanitario generó un contexto en el que las administraciones «esperaban con ansiedad cualquier oferta». Si hubo estafa fue posterior al momento de aceptar la oferta.

Más Madrid insinúa que hubo tráfico de influencias. No obstante, la Fiscalía reprocha, en todo caso, que «no debería practicarse ninguna diligencia con ese objeto sin antes incoar el procedimiento ante el tribunal del jurado», según la Ley vigente.

Constitución

Por otro lado, la Fiscalía recuerda que la Constitución Española consagra como derecho fundamental el secreto de las comunicaciones. Esto afecta al contenido, pero también a otros datos como interlocutores, fecha, duración, etc. En el presente caso no se ve «idoneidad, necesidad o proporcionalidad» de dictar una excepción judicial porque «no se va a aportar ningún dato de interés para esclarecer los hechos investigados».

Por último, otra consideración en contra de la petición de Más Madrid pasa porque las operadoras telefónicas sólo tienen obligación de guardar los datos solicitados por un año. Estas llamadas fueron en 2020. «No obtendría ningún resultado», zanja el Ministerio Público.