El PSOE quiso aplazar la declaración del presidente de Murcia para «mantener la pena del telediario»

Este pasado lunes 6 de marzo, el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, declaraba en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ante el instructor del «caso Auditorio», Julián Pérez-Templado.

Según ha podido saber OKDIARIO, el PSOE «intentó retrasar en dos ocasiones diferentes» dicha comparecencia con el objetivo de que el dirigente popular estuviera sometido durante más días a la llamada «pena del telediario», es decir, a la presión del sector político y al juicio de la opinión pública.

Fuentes del caso afirman a este diario que el abogado que representa al PSOE, Julio Pérez, «intentó posponer la citación judicial de Pedro Antonio Sánchez de dos formas».

En primer lugar, reclamando durante la semana previa a la declaración «nuevas pruebas y testimonios» sobre el caso, cuando podría haberlo hecho ante durante la fase de instrucción dirigida por el Juzgado de Lorca. Cabe recordar que toda la investigación se realizó en dicho Juzgado y sólo se elevó a TSJ de Murcia al estar Sánchez aforado.

En segundo lugar, el viernes 3 de marzo, tres días antes de la comparecencia prevista, el letrado alegó «sentirse indispuesto» para asistir el lunes 6 a la declaración del presidente murciano y pedía al juez aplazar la esperada declaración, una petición que no fue atendida.

A pesar de ello, la fecha y hora de la declaración se mantuvo y el letrado del PSOE se presentó en los juzgados acompañado por el también abogado y secretario de Justicia y Libertades Públicas de la junta directiva del Partido Socialista de la Región de Murcia, José Miguel Muñoz.

Este mismo miembro de la ejecutiva regional también fue el primero en hacer público en diciembre de 2013, tras el archivo provisional de una causa sobre el PGOU de Puerto Lumbreras, que acaban de presentar una nueva querella contra el actual presidente murciano ante la fiscalía y que finalmente, ha dado origen al llamado «caso Auditorio».

Sánchez aporta informes periciales 

Mientras tanto, la defensa de Pedro Antonio Sánchez ha presentado en el juzgado varios informes periciales que respaldan su declaración de que no se cometieron «irregularidades penales» en la adjudicación y ejecución del Auditorio de Puerto Lumbreras.

La defensa del Presidente de la Comunidad ha aportado un dictamen redactado por el ex decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia, Antonio García Herrero, y compuesto por un total de 108 páginas, que se suma a otro de carácter jurídico de 94 páginas, elaborado por el prestigioso catedrático de Derecho Administrativo Ramón Entrena.

El primero de los informes informe resalta que “la totalidad de los fondos certificados se han empleado en la construcción de las obras existentes” y que “debe considerarse que se construyeron las obras que se habían contratado, salvo las precisiones que la futura liquidación determine”.

El informe subraya que “de acuerdo con los informes y mediciones aportados, las partidas que integran el Proyecto Modificado se ejecutaron” y recuerda que ya existe una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia sobre el concurso de la redacción del proyecto, que respalda la legalidad de la adjudicación.

El segundo dictamen concluye que no existe en la actuación de Pedro Antonio Sánchez “dolo alguno que permita imputarle responsabilidad penal”. Indica el dictamen que el actual presidente “no ha prevaricado” y que, por tal motivo, tampoco ha existido un delito de fraude administrativo. “No se ha pagado un euro de más”, por lo que no hay malversación, y tampoco existe documento alguno falsificado.

Además, aporta abundantes detalles y jurisprudencia que aclaran la legalidad de todo el proceso de adjudicación y construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras puesto en duda por la acusación.

El dictamen critica que la querella de la fiscalía, cuando dice que las obras del proyecto básico y de ejecución no se realizaron conforme a las pretensiones del proyecto, se olvida la posterior aprobación de un ´modificado´ conforme a Derecho. 

Rectificación

En la anterior publicación se cometió una inexactitud en cuanto que D. JOSE MIGUEL MUÑOZ ANDREO, ABOGADO COLEGIADO 4305 ICAMUR no es el abogado que representa los intereses del Psoe en el procedimiento conocido como “auditorio” siendo su abogado DON JULIO PEREZ.