El preso Jordi Sànchez pidió sancionar a los Mossos que se mantuvieran fieles a la Constitución

Para intentar salir de la cárcel, el ex presidente de la ANC Jordi Sànchez aseguró el pasado 11 de enero ante el juez Pablo Llarena que la declaración de independencia de Cataluña proclamada por el Parlament «no tuvo validez», que no cree en la «vía unilateral» y que nunca esperó que el referéndum del 1-O tuviera «consecuencias legales».

Sin embargo, hace apenas un año, la ANC pidió públicamente que fueran sancionados los agentes de los Mossos d’Esquadra que se mantuvieran fieles a su juramento de acatar la Constitución y las órdenes de los jueces. Es decir, la entidad soberanista que presidía Jordi Sànchez reclamaba que fueran purgados los mossos que se negaran a colaborar con el proceso ilegal de independencia.

La ANC planteó esta exigencia en el documento difundido en enero de 2017 bajo el título «Informe jurídico sobre la actuación de los Mossos d’Esquadra durante el proceso hacia la independencia, y posibles incidencias penales».

El documento recomendaba utilizar la Ley de Transitoriedad Jurídica impulsada por el Parlament para derogar el artículo 11 de la Ley de Policía de la Generalitat, que incluye entre las obligaciones de los Mossos d’Esquadra «cumplir y hacer cumplir la Constitución», «actuar con una absoluta neutralidad política» y «colaborar con la Administración de Justicia».

Castigar como «infracción disciplinaria»

Una vez derogado este artículo, señalaba la ANC de Jordi Sànchez, los Mossos se verían liberados de acatar la legislación española y las órdenes de los jueces. De este modo, podrían convertirse en el brazo armado para hacer efectiva la declaración de independencia.

El «informe jurídico» de la ANC añade a continuación: «Es más, cualquier actuación de cualquier miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad catalanes en ejecución de resoluciones de autoridades españolas con el objetivo de impedir la celebración del referéndum y las actuaciones posteriores que se deriven, habría de estar específicamente prevista como infracción a los efectos disciplinarios y sancionadores oportunos».

No se trataba por tanto, simplemente, de eliminar la obediencia debida de los Mossos a la Constitución y a la Justicia española: la ANC de Jordi Sánchez pedía expresamente que fueran sancionados, mediante un expediente disciplinario, aquellos agentes que cumplieran la orden del juez de impedir la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Y esta amenaza no estaba dirigida únicamente a los Mossos, sino también a los agentes de las distintas policías locales de Cataluña.

Este «informe jurídico» difundido en enero de 2017 está firmado por una sectorial de la ANC, la denominada Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local por la Independencia (SITxCAT). Este grupo vinculado a la ANC se constituyó en enero de 2014 en Vilafranca del Penedès y celebró su primera asamblea en el Monasterio de Sant Cugat del Vallès. La curia catalana, de nuevo colaborando con el proceso de independencia.

Ayuntamientos separatistas del PSC

SITxCAT se define como «un colectivo formado por funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional que apuestan claramente por una Cataluña independiente y se comprometen a trabajar por este objetivo».

Esto significa que un grupo de secretarios, tesoreros e interventores de ayuntamientos catalanes –que son funcionarios dependientes de la Administración central del Estado, encargados de velar por la aplicación de las leyes españolas– han estado trabajando a favor de la independencia de Cataluña desde hace cuatro años.

Y lo han hecho al amparo de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), que hasta hace poco estaba presidida por la imputada Neus Lloveras (PDeCAT) y que todavía incluye a numerosos ayuntamientos gobernados por los socialistas del PSC.