La presidenta de la Abogacía dice que su poder en empresas privadas es sólo para pleitos

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, se ha dirigido por carta a OKDIARIO para asegurar que su cargo de apoderada en varias privadas es sólo para pleitos.

Ortega Benito explica que nunca ha estado afiliada ni ha militado en ningún partido político, hecho que en ningún momento este periódico aseguró. OKDIARIO ha publicado que la presidenta de la Abogacía entró al Consejo de Estado apadrinada por dos socialistas: María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta del Gobierno de Zapatero, y Fernando Ledesma, ex ministro del Gobierno de Felipe González.

Por último, la consejera de Estado relata que cuenta con el reconocimiento de compatibilidad para poder compaginar el libre ejercicio de la abogacía y su labor como profesora titular a tiempo parcial en una universidad pública, hecho que este periódico ya explicó.

En la misiva, Ortega Benito asegura:

“Desde 1994 tengo reconocida por la Universidad de Cantabria, donde desempeño a tiempo parcial mi labor docente como Profesora Titular de su Facultad de Derecho, la compatibilidad para el ejercicio libre de la abogacía, práctica que vengo realizando cumpliendo escrupulosamente toda la legislación que resulta aplicable, incluida por supuesto la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas”.

“Precisamente en el ejercicio de mi actividad como abogada, para la que estoy, vuelvo a reiterar, plena y legalmente autorizada y habilitada, hace 18 años se me otorgó un “poder general para pleitos” por Gas Natural-Cantabria, lo cual es una práctica habitual en la Abogacía y en la Procura. Un apoderamiento para la representación procesal, nunca para la actividad mercantil, empresarial o societaria. En este sentido, y aunque llevo años desvinculada profesionalmente de Gas Natural-Cantabria, vendida en 2009 a EDP, jamás presté a la misma ni a ninguna de las empresas citadas por ustedes ningún servicio ajeno al estrictamente procesal, que es exclusivamente a lo que me facultaba el poder general para pleitos que en su día se me otorgó. A este apoderamiento es al que debe entenderse que se refiere el Registro Mercantil cuando, en relación a dichas empresas, se me vincula como “apoderada” de las mismas”.

“No soy consejera de Estado socialista, soy consejera nata del Consejo de Estado en mi condición de presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, tal y como dispone expresamente el art. 8.2 e) de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Soy presidenta del Consejo General de la Abogacía Española porque así resulté elegida en 2016 por la mayoría del Pleno del citado Consejo. Jamás he militado ni he estado afiliada a ningún partido político”.