Investigación
CASO SOBORNOS FIFA

Roures sella un pacto de no agresión con su socio Romy hasta la venta de Mediapro a los chinos

El tribunal de Nueva York impondrá a Roures una multa millonaria por el soborno a directivos de la FIFA

Jaume Roures, el magnate de la comunicación, ha sellado un pacto de no agresión con su socio Gerard Romy, para que no declare contra él en el proceso que se sigue contra Mediapro en los tribunales de Nueva York y Zurich en el conocido como caso FIFA. La Fiscalía de Manhattan y el FBI investigan la participación de la productora del ya conocido como Ciudadano R. en los sobornos a altos cargos del organismo internacional del fútbol a cambio de los derechos televisivos de varios campeonatos mundiales y sus fases de clasificación.

El acuerdo está motivado por la venta al fondo de inversión chino Orient Hontai Capital del 53,5% de las acciones de Mediapro. La operación fue acordada hace unas semanas pero no se cerrará hasta el primer trimestre del 2018. Romy estaría ganando tiempo para no interferir en la venta que incluye su paquete de acciones del 12% que podría reportarle unos 300 millones de dólares.

Por su parte, Roures aseguraría ante la firma de Pekín un apagón informativo en un escándalo de sobornos que podría afectarle personalmente.  Sobre todo, si su ya ex socio decide implicarle en las investigaciones de la Fiscalía de Nueva York en la toma de decisiones para pagar las comisiones.

Romy, que junto con Roures y Tatxo Benet fundó la productora catalana en 1995, figura en el sumario del distrito de Brooklyn con la clave «co-conspirador número 5». En las diligencias a las que ha tenido acceso OKDIARIO, los fiscales mantienen su anonimato pero no los hechos por los que está siendo investigado.

Romy figura en el vértice de la toma de decisiones para la compra de los directivos de la FIFA. En el folio 131, los fiscales relatan cómo el «co-conspirador 5», es decir Romy, en nombre de una filial de Mediapro en Florida, acordó el pago de 3 millones de dólares a Jeff Webb, el entonces presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y Caribe de Fútbol (CONCACAF), una de las seis organizaciones que pertenecen a la FIFA, con sede en Miami.

La transacción fue cerrada por el brasileño Fabio Tordin, representante de Traffic, empresa socia de Mediapro en la trama de los sobornos para obtener los derechos televisivos de los partidos clasificatorios de la Unión Centroamericana de Fútbol para los Mundiales 2014, 2018 y 2022.

Según el sumario, Romy envió el dinero desde la filial portuguesa Medialuso a través de Jonathan Cumming, director financiero (CFO) y miembro del politburó, como se conoce al consejo de Mediapro. El dinero fue transferido desde Portugal a Panamá y desde allí a las cuentas del sobornado. Los fiscales disponen de todos los transfers para demostrar la operación ilegal.

El intermediario de la operación en Panamá también figura en las diligencias judiciales como «co-conspirador número 6». Se trata de Miguel Trujillo, un personaje clave en las actuaciones de Mediapro en los negocios del fútbol americano. Trujillo, un colombiano de 66 años que reside en Florida, es un agente autorizado de la FIFA que logró la libertad tras el pago de una fianza de 1,5 millones de dólares.

Trujillo montó un entramado financiero en el paraíso fiscal de Panamá, donde constituyó las sociedades Sponsports, Lexani y Sports Tournaments and Rights (ST&R), a través del que desviaba el dinero recibido de Mediapro para pagar las coimas. Según la investigación el dinero que canalizó Trujillo para el pago de sobornos pudo alcanzar cifras de varios millones.

Romy negocia su acuerdo con la Fiscalía

De todos los imputados y co-conspiradores que figuran en las investigaciones de Nueva York solamente dos de ellos no se han declarado culpables, al menos públicamente, ya que la Fiscalía de Manhattan mantiene en un estricto secreto las negociaciones con los acusados. Son el ya mencionado Gerard Romy y Enrique Sanz, un colombiano de 43 años, ex secretario general de CONCACAF y con anterioridad directivo de Traffic, la sociedad brasileña que compartió con una filial de Mediapro la compra de voluntades. Sanz figura como «co-conspirador número 4».

En los documentos de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Gerard Romy se mantiene en el anonimato, apareciendo en los documentos como «co-conspirador número 5», porque mantiene abierto el proceso de negociación con la Fiscalía sobre su situación personal, según fuentes judiciales.

Lo más probable es que esté colaborando con los fiscales aportando información sobre terceros o abriendo nuevas vías de investigación. Ese tipo de colaboración conlleva la protección y el anonimato del arrepentido.

Para poder negociar con la Fiscalía el sistema americano exige que el afectado se declare previamente culpable, algo que habría dificultado la venta de la mitad de Mediapro a los chinos. El futuro de Romy queda pendiente del cierre de la operación con la multinacional de Pekín que culminará en un par de meses. Hasta entonces el ex número dos del holding de Roures hará todo lo posible por no dar ningún paso en falso.

El grado de benevolencia de la Fiscalía de Manhattan difiere entre uno un otro acusado en función de su involucración en las operaciones de compra de directivos. También depende de la responsabilidad del imputado en la toma de decisiones y en el esquema de la trama. El trato de los jueces es muy distinto hacia un ejecutivo que ha recibido instrucciones desde Barcelona o hacia un directivo con capacidad de decisión, como es el caso de Romy. Esos parámetros son los que determinan el grado de culpabilidad.

La estrategia de Roures, desde que estalló el escándalo en 2015, ha sido desviar cualquier responsabilidad de Mediapro hacia sus ejecutivos en Estados Unidos. Principalmente, hacia Roger Huguet, el delegado de Media World, la filial del holding en Miami. También han desviado las sospechas hacia otro de sus colaboradores en Traffic, el brasileño Fabio Tordin. Sin embargo, el Tribunal de Nueva York, a tenor de las investigaciones, no ha caído en la trampa de Roures y ha pedido más datos sobre sus compañías.

En medio del gran escándalo sobresale la venta del 53% de las acciones de Mediapro a Orient Hontai Capital. Los chinos pueden encontrarse dentro de unos meses con una megamulta, como informó ayer OKDIARIO. Además del paquete del 12% de Romy, se encuentran a la venta las participaciones de Torreal (Juan Abelló), un 22,5%, y de Televisa, un 19%. De los tres fundadores de Mediapro -Romy, Roures y Benet- con un 36% de las acciones sólo el primero está dispuesto a vender.

Roures y Benet se quedarán con un 24% de la compañía pero aspiran a seguir conservando el control de Mediapro con el apoyo del 22,5 de la multinacional de publicidad WPP. Aunque, tras la operación de venta, los chinos se harán con la mayoría del accionariado, Ciudadano R, como ya se conoce en el sector a Roures, reivindicará el poder absoluto. Los resultados económicos avalan su gestión: Mediapro cerró el ejercicio 2016 con una facturación de 1.536 millones de euros y un abitda de 162 millones.

Eso sí, la espada de la Fiscalía de Nueva York penderá sobre la cabeza del magnate comunista y el fantasma de la corrupción lo rondará en los próximos meses. “Si el editor de Público califica de ‘abyecta putrefacción’ los pagos de la Gürtel a políticos, cómo deberíamos catalogar los sobornos del holding Mediapro a los directivos de la FIFA», manifestó a OKDIARIO un ex colaborador del diario podemita.