Cosidó coordinó la operación para rescatar los papeles de Bárcenas sobornando al chófer

Ignacio Cosidó, el actual portavoz del Partido Popular en el Senado, fue el alto cargo ministerial que coordinó desde su despacho del Ministerio del Interior la operación para recuperar los documentos sensibles en poder de Luis Bárcenas. Los documentos estaban relacionados con Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, según fuentes policiales de la investigación.

Cosidó, entonces director general de la Policía, era quien recibía los informes de los comisarios José Villarejo, primero, y Enrique García Castaño, después, tras pasar por la Dirección Adjunta Operativa, cuyo titular profesaba una lealtad absoluta al entonces “número tres” del Ministerio.

Como ya ha adelantado OKDIARIO, para poder llevar a cabo con éxito la misión Villarejo captó como topo a Sergio Ríos Esgueva, que trabajaba como chófer para la familia Bárcenas. Entre 2013 y 2014, el tiempo que duró su papel de infiltrado, el conductor sobornado recibió como premio 48.000 euros de los fondos reservados y un puesto de funcionario en el Cuerpo Nacional de Policía. A cambio facilitó la recuperación de papeles, notas y grabaciones que conservaba el ya ex tesorero del PP.

Cosidó, al margen de que figurara en el tercer lugar en el organigrama ministerial de la línea de mando, tras el titular Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado, Francisco Martínez Vázquez, estaba considerado como un hombre de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Además, mantenía línea directa con el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán. En el Ministerio no ocultaban su poca sintonía con el ministro Fernández Díaz.

El dirigente del PP, en la actualidad senador del Grupo Popular y uno de los colaboradores más directos de Pablo Casado, ha sido señalado ante OKDIARIO por, al menos, tres de los responsables de la operación policial como la persona que daba las instrucciones a través de la cúpula de la Dirección Adjunta Operativa.

Una operación policial, pero extrajudicial

Según los agentes de la UAI, en el informe que ya disponen tanto el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional como la Fiscalía Anticorrupción, el Ministerio del Interior autorizó el uso de fondos reservados para desarrollar una misión secreta que, en todo momento, fue extrajudicial. Ni las pesquisas, ni la captación de confidentes ni la recuperación de documentos fueron judicializadas.

Los abogados personados en la causa Gürtel, a quienes ha preguntado este periódico, desmienten que la captación del chófer fuera comunicada al juez instructor. «No existe ni en la Gürtel -primera época- ni en los papeles de Bárcenas ningún documento que justifique la operación secreta contra Bárcenas», aseguró uno de los letrados que conoce el contenido del sumario minuciosamente.

OKDIARIO publicó este lunes que fuentes de Asuntos Internos mantenían que el comisario Enrique García Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, conservó una copia de los documentos recuperados de Bárcenas. El comisario ha solicitado en varias ocasiones declarar en el ‘caso Tándem’ ante el magistrado de apoyo Diego de Egea. Sin embargo, para poder desvelar datos reservados Castaño necesitaría la autorización del Consejo de Ministros. De ahí que el juez de la Audiencia Nacional ya haya solicitado al Gobierno su autorización.

Los fondos reservados de Interior

El director de la Policía, así mismo, estaba al tanto de que esa operación secreta para recuperar los papeles de Sáenz de Santamaría, Cospedal y Arenas estaba siendo financiada con dinero cargo a los fondos reservados. Dinero que, principalmente, se utiliza para sufragar las operaciones contra el crimen organizado y la lucha contra el terrorismo. Por tanto, esos fondos no podían ser destinado a financiar una misión sobre un caso de corrupción política y, mucho menos, un operativo extrajudicial para sustraerle documentos al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.

El Ministerio del Interior sabía de antemano que los 2.000 euros que pagaba al mes al chófer Sergio Ríos contravenían la ley 11/1995 del 11 de mayo, de Regulación de la utilización de los créditos destinados a gastos reservados. Y lo más grave: aquella norma fue aprobada tras el escándalo de los sobresueldos con dinero negro con cargo a esa partida durante la época ministerial de José Luis Corcuera durante un gobierno socialista presidido por Felipe González.

La nueva legislación establecía que los gastos reservados debían estar “sometidos a un control administrativo interno” que respetara “su peculiaridad”, a la vez que asegurara “su correcto uso”. Obligaba al Gobierno a asegurar que todo ese dinero fuera “exclusivamente destinado a las finalidades específicas para las que fue aprobado”. Algo que no sucedió en la operación contra Bárcenas.

Anticorrupción investiga los fondos reservados

El uso irregular de los fondos reservados es uno de los aspectos más graves que investiga la Fiscalía Anticorrupción en el caso de la operación contra Bárcenas. Al Ministerio Público le escandaliza que se utilizara ese dinero para una misión policial sin control judicial y que estaba encaminada a hacer desaparecer la documentación que ocultaba el ex tesorero del PP, en lugar de rescatarla para el juez instructor de la causa Gürtel.

Lo más sorprendente de la misión policial es que Villarejo conservara en su domicilio, cuando fue detenido hace un año, los recibís del dinero firmado por el conductor Sergio Ríos, que percibía mensualmente dos mil euros. El ex comisario conservaba otros documentos que también están siendo investigados por los agentes de Asuntos Internos.

Cosidó niega su vinculación

A primera hora de la mañana de este miércoles, Ignacio Cosidó ha enviado un comunicado a través del partido en el que ha negado «rotundamente» su vinculación con la operación desvelada por OkDiario para recuperar los papeles de Luis Bárcenas.

Pese a que en ese momento Cosidó era el director general de la Policía, asegura que desconocía de la existencia de esta trama y manifiesta que de haber tenido conocimiento «no la hubiera aceptado sin autorización judicial».

Cosidó ha asegurado que «no es la primera vez» que sufre «calumnias» por parte del ex comisario Villarejo «incluyendo querellas que nunca han sido admitidas a trámite», ha apuntado.