La Fundación Arpegio dio a dedo 2,8 millones a empresas vinculadas con dirigentes del PP

La Audiencia Nacional investiga en la trama Púnica diversos pagos que realizó la Fundación de la empresa pública del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio, a diferentes sociedades y personas relacionadas o vinculadas con dirigentes del PP.

Según el sumario de la trama corrupta, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el que fuera titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ordenaba el pasado 16 de mayo que la Fundación Arpegio remitiera a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, los expedientes justificativos de una lista de pagos efectuados que suman un total de 2.875.850 euros.

El único expediente referido a una persona concreta es el de los pagos efectuados al exdiputado del PP en el Congreso de los Diputados, Pedro Gómez de la Serna, por valor de 155.225 euros. El año pasado durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, admitió haber cobrado 3.000 euros mensuales de la Fundación Arpegio como asesor jurídico entre 2007 y 2009.

En declaraciones a este diario, Gómez de la Serna ha asegurado que sus asesoramientos eran «verbales y por escrito» y que «los expedientes de sus asesorías se quedaron en las oficinas de Arpegio en cajas» hace años. Además, ha afirmado que guarda «la mayoría de la documentación» referente a sus trabajos y ha recordado que durante su declaración en la Asamblea del año pasado «dejó esta documentación a disposición de la Cámara».

Entre los demás expedientes solicitados por Velasco, que ahora serán investigados por el nuevo instructor del caso Manuel García-Castellón, figura el pago de 139.200 euros a la sociedad Waiter Music SL por la organización del concierto Night of the Proms, celebrado en marzo de 2007 en el Palacio de los Deportes de Madrid.

También se ha requerido documentación sobre los 232.000€ facturados a las agencias de publicidad Producciones Nogalón SL, 298.450€ y Tormenta Digital, 308.948€, así como el Taller de Organería Acitores y otros 142.000€ para la reforma de la Casa de Madrid en Argentina.

Además, se reclaman los justificantes de los 81.900 euros facturados a la Fundación Humanismo y Democracia, 500.000€ a la Consejería de Cultura de la propia Comunidad de Madrid y la cuantía más abultada de 1.018.109 euros abonados entre 2009 y 2011 para la rehabilitación del entorno del Cerro de los Ángeles en el municipio madrileño de Getafe.

Según recoge el mandato judicial, todos estos expedientes deben ser remitidos «directamente a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil» y los agentes de la Policía Judicial quedan «expresamente autorizados para recabar de todos los organismos anteriores cualquier información o documentación ampliatoria relacionada con la que éstos hubiesen facilitado previamente».

La Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito para denunciar una supuesta falta de colaboración de la empresa pública del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio, en la entrega de la documentación solicitada. El objetivo de esta pesquisa sería contrastar si estos pagos realmente se efectuaron y si existe soporte documental que lo certifique.

Arpegio en la Púnica

Los investigadores de la trama Púnica investigan en la Pieza de Arpegio si la Comunidad de Madrid y varios ayuntamientos de la región «constituyeron consorcios urbanísticos que adjudicaron suelo para la construcción de viviendas protegidas y de precio libre».

La Fiscalía Anticorrupción y la UCO sospechan que dicho suelo público de Madrid «se convirtió en un botín a repartir y el motor de una red clientelar de empresas promotoras y constructoras que, a cambio del pago de comisiones en efectivo y regalos, fueron favorecidas con las ansiadas parcelas, vulnerando la legalidad de los procesos de adjudicación».

La mesa de contratación de Arpegio se convirtió a juicio de los investigadores en «el centro de decisiones amañadas por las que se cobraron presuntamente comisiones en las decenas de adjudicaciones de suelo público que se llevaron a término».

El pasado 16 de mayo, la Guardia Civil registraba las oficinas de Nueva Arpegio durante más de 14 horas y se incautaba de abundante documentación y de numerosos soportes informáticos.

Tal y como desveló este diario, la empresa Iron Mountain España llegó a reclamar el abono de 9.000 euros a cambio de entregar a la UCO “1.164 cajas que pesan 15 toneladas” con documentos sobre la empresa pública gestora del suelo de la Comunidad de Madrid investigada.