CCOO pide al presidente de la SEPI que salve a Trasmediterránea: parte de la plantilla sigue sin cobrar

El secretario general de la Federación de Servicios del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha dirigido sendas cartas al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al presidente de la SEPI, Bartolomé Lora, para pedirles que salven a la compañía Trasmediterránea y garanticen la continuidad de su plantilla.

Los sindicatos han convocado movilizaciones para el próximo lunes, ante la estación marítima de Algeciras y otros puertos españoles, para protestar porque una parte del personal de la naviera todavía no ha cobrado la nómina de noviembre. El director general de Trasmediterránea, Francisco Oviedo, aseguró hace una semana en declaraciones a OKDIARIO que el pago de las nóminas se haría efectivo el 7 de diciembre. Pero no ha ocurrido así en el caso de buena parte de los trabajadores de la flota.

El grupo Armas Trasmediterránea ha solicitado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, un rescate de 120 millones de euros. Francisco Oviedo aclaró a OKDIARIO que la compañía sólo busca financiación para resolver sus graves problemas de falta de liquidez, pero no quiere que el rescate de la SEPI suponga la irrupción del Estado en su consejo de administración ni en su accionariado.

Al mismo tiempo, la familia Armas negocia con los bonistas que financiaron la compra de Trasmediterránea en 2018 para obtener un aplazamiento y una quita de la deuda. En estos momentos, el endeudamiento del grupo Armas Trasmediterránea ronda los 900 millones de euros.

En su carta dirigida al ministro Ábalos y al presidente de la SEPI, el sindicato Comisiones Obreras recalca «encarecidamente la necesidad de mantener la marca Trasmediterránea a flote», tanto por el «importante volumen de empleo que genera para el sector de la marina mercante española, como por la histórica e imprescindible labor de conexión que realiza para mantener España vertebrada».

Pero al mismo, tiempo pide que cualquier «ayuda pública o rescate» implique el cumplimiento de los compromisos de «responsabilidad social» de la compañía. Al respecto, denuncia que Trasmediterránea atraviesa un «proceso de ajuste de personal entre todos los trabajadores de tierra» y no se están cumpliendo por completo los derechos laborales de la plantilla.

Al respecto, aludo a las numerosas denuncias presentadas ante la Inspección del Trabajo, las sentencias de tribunales de los social desfavorables para la compañía y el despido del anterior presidente del comité de empresa.

«Entre todo este desorden y dudosa gestión, los peores augurios parecen hacerse hueco y el Grupo Armas traslada sus dificultades para hacer frente a las deudas de la Compañía Trasmediterránea», señala el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, José Francisco Fernández Rodríguez, en la carta a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Bajo «pabellón de conveniencia»

El grupo Armas Trasmediterránea tenía en 2018 una plantilla de 738 trabajadores, si bien negoció con los sindicatos un ERE de 181 empleados que debía aplicarse en 2020. Este ERE afecta fundamentalmente a la plantilla de tierra. El fuerte endeudamiento del grupo y el drástico descenso del tráfico de pasajeros provocado por la pandemia de coronavirus han llevado a la compañía a una situación crítica.

El representante de CCOO también critica en su escrito que Trasmediterránea esté utilizando «buques bajo pabellones de conveniencia, que terminan instalando una política de competencia desleal que en última instancia repercute sobre los trabajadores, la seguridad del pasaje y el crecimiento del país».

Comisiones Obreras alude al buque Ciudad de Palma, que navega bajo pabellón de Chipre para cubrir la línea regular de carga y pasajeros entre la Ciudad Condal y Mallorca. Se trata de uno de los cuatro buques que el grupo ha apartado en una sociedad paralela, Armas Trasmediterránea Factoring SL, como garantía para obtener un crédito de 75 millones de euros de dos fondos de capital riesgo: Apollo y HPS. Esta sociedad paralela fue constituida el pasado 11 de junio en Las Palmas de Gran Canaria con un capital social de 151 millones de euros.

El Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona embargó el Ciudad de Palma por una deuda de 705.000 euros contraída por la compañía. Ante el riesgo de incumplir las condiciones pactadas con ambos fondos de inversión, Trasmediterránea ha logrado que el juez levante este embargo y, en su lugar, anote un embargo preventivo sobre el Ciudad de Mahón, que sí navega con bandera española entre los puertos de Valencia y Palma de Mallorca.

En su carta, el representante del sindicato Comisiones Obreras pide al ministro José Luis Ábalos y al presidente de la SEPI una reunión urgente para abordar los problemas y el futuro incierto de la naviera fundada en 1916, y que estuvo en manos dl sector público hasta su venta, en 2002.