Así es la guerra de los policías contra las narcolanchas en el Campo de Gibraltar
«Siéntate, siéntate», le grita en varias ocasiones el piloto de la lancha de la Guardia Civil a su compañero. La tensión se dispara y por fin, con la ayuda de un helicóptero logran dar caza a la barca, están acostumbrados a perseguir narcolanchas. La de los guardias civiles lleva cinta adhesiva por todas partes, parece vieja y desvencijada, pero los motores son potentes, el piloto es muy hábil y en pocos segundos logran acercarse a su objetivo al que el helicóptero de sus compañeros ha logrado acorralar. Es una guerra sorda y peligrosa y se libra en las aguas del Estrecho desde hace años.
España tiene un problema grave en Campo de Gibraltar además del de las narcolanchas, ya que los 260.000 gaditanos que viven en esta comarca, al sur de Andalucía, de España y de Europa presentan la tasa de paro mayor de Europa con 42.000 parados de los que el 60% no tienen cobertura económica alguna. Sus ingresos legales dependen casi por entero del turismo y se están resintiendo desde el inicio de la pandemia, el poco dinero que entra ahora en la comarca es gracias al trabajo de sus habitantes en la vecina Gibraltar.
A nadie le extraña en los ocho municipios de la comarca que un vecino se dedique al contrabando del tabaco, a proveer de gasolina a una de las “cooperativas” manejadas por narcos e incluso al tráfico de hachís. Entre pilotos, puntos (vigilantes) en la costa, dueños de guarderías (casas donde guardar la droga) y cargadores se estima que hay unas 3.000 personas trabajando para los narcos como si de una multinacional se tratase. Así están las cosas.
En este contexto, el 11 de julio la lucha contra los narcos en el Estrecho se cobraba una nueva víctima. En esta ocasión la víctima fue José Luis Domínguez Iborra, funcionario de Vigilancia Aduanera (SVA) y observador aéreo de 63 años, con más de 40 años de experiencia que murió tras estrellarse el helicóptero del SVA donde prestaba servicio a unas 30 millas al este de Sotogrande, en el municipio gaditano de San Roque. Estas persecuciones por tierra, mar y aire son mucho más peligrosas de lo que se aprecia en los numerosos vídeos que circulan por las redes sociales. “Te aseguro que visto desde dentro no es nada agradable ver cómo un todoterreno te embiste para que no pares a la furgoneta que escolta”, asegura un agente de Policía Nacional a OKDIARIO.
No es la primera vez que un agente de la Ley fallece en acto de servicio en la zona. En mayo de 2021 el guardia civil Agustín Cárdenas moría tras ser embestido por un coche en un control policial. En junio de 2017 el policía local Víctor Sánchez fallecía durante una persecución a un contrabandista de tabaco. “Es la ley del más fuerte, es un juego macabro y a veces les toca a ellos y a veces a nosotros”, explica un veterano guardia.
Lo más habitual es que se produzcan accidentes en alta mar y también haya muertos y heridos entre los narcos. También en mayo de 2021 la muerte de dos petaqueros tras una persecución provocó varias noches de incidentes, con disparos reales incluidos, en La Línea de la Concepción. Los petaqueros son los que transportan gasolina y víveres en sus lanchas para proveer a las narcolanchas en alta mar, donde esperan a que llegue la noche para entrar en aguas españolas y evitar que la Policía las requise. En muchas ocasiones los petaqueros son menores de edad y las autoridades los consideran “aprendices” de narco.
Pero el accidente mortal más grave ocurrido se produjo en 2016, a unas 11 millas de Punta Europa, en Algeciras. Entonces fallecieron cuatro personas que iban a bordo de la embarcación semirrígida, presuntamente vinculados a una organización de narcotraficantes. Sus familiares se concentraron a las puertas de los juzgados de Algeciras durante horas.
Miles de operaciones
De julio de 2020 a mayo de 2021 se produjeron en Cádiz, Huelva y Málaga 4.745 operaciones policiales contra los narcos, un 51% más que en el mismo periodo anterior, y se han decomisaron 457,9 toneladas de droga. Respecto al contrabando de tabaco, un guardia civil lo resume: “Se firmó un acuerdo con Gibraltar para que subieran el precio del tabaco y así lo hicieron, pero en los almacenes lo siguen vendiendo al por mayor, así que el problema sigue siendo el mismo”.
Los números pueden abrumar, pero la realidad es la misma de siempre. Jóvenes sin recursos ni salidas laborales que, en el mejor de los casos, eligen el contrabando de tabaco porque si los detienen la pena es menor que andar con las drogas. Saben que tienen que delinquir más veces más para obtener más beneficio, pero también se la “juegan” menos de esta manera que si los detienen con drogas en las narcolanchas.
La muerte del agente del SVA provocó un comunicado inmediato del sindicato de policía CEP, de funcionarios CSIF y de la asociación profesional de la Guardia Civil AEGC en el que pedían a Interior y Hacienda que reconozcan “el trabajo de los miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera que se juegan la vida en el Campo de Gibraltar luchando contra los grupos criminales de tráfico de drogas mediante la mejora de los recursos humanos y materiales, así como de sus condiciones salariales”.
CEP, AEGC y CSIF recordaban al ministro Marlaska que “desde 2017 unos 150 miembros de Policía Nacional y Guardia Civil han sido víctimas de ataques por parte de los narcos, habiendo causado baja para el servicio hasta medio centenar de compañeros en este periodo. Esta agresividad, con acometimientos, atropellos y agresiones físicas directas, también ha afectado a muchos compañeros del SVA, que han sido igualmente víctimas de esta violencia por el daño que se está haciendo a las mafias de tráfico de drogas”.
Es cierto que gracias a la presión policial y a la potestad de los agentes para incautarse de “gomas” o embarcaciones semirrígidas los dueños de las narcolanchas tienen menos material y arriesgan mucho más ahora. Para incautarlas los agentes usan el Real Decreto impulsado por la AEGC por el que se prohibieron en el Estrecho las embarcaciones que por su configuración y motorización exagerada evidencian que se dedican al narcotráfico. “En este aspecto el gobierno de Gibraltar nos lleva ventaja, porque tiene esa misma normativa desde hace años”, explica un veterano guardia civil.
Cooperativas del crimen
Debido a las numerosas incautaciones los narcos han creado “cooperativas” para dar servicio a sus lanchas, es decir, “almacenes donde las reparan, guardan la gasolina y les sirve de taller a varios clanes para continuar delinquiendo”, explica un agente de Policía, que también reconoce que las relaciones con el vecino Gibraltar son muy correctas y transparentes a nivel policial. Otra cosa es a nivel político y para entenderlo cuenta una anécdota: “Un día se recibió un aviso por radio y uno de los zetas en la frontera estaba muy cerca y fue a atenderlo. Como era más fácil meterse un poco en la frontera y dar la vuelta hizo lo primero. Al día siguiente llegaron las protestas del gobierno gibraltareño por haber “invadido” durante dos segundos su territorio”.
Para CEP “falta de todo, helicópteros, medios materiales y humanos y a nivel normativo alguna mejora para no sentirnos tan abandonados” y desde la AEGC reclaman “que se declare el Campo de Gibraltar zona de especial singularidad”.
Dicen los expertos policiales que hasta 30 familias manejan el negocio de la droga con narcolanchas en el Campo de Gibraltar, pero los «Castañitas», «Messi», «el Tinte», «los Pantoja» y «el Potito» han dejado paso a una segunda generación de narcotraficantes, que operan con submarinos e incluso drones para traer el hachís desde Marruecos. Un experto policial dice con sorna que «el día que acabemos con toda la tecnología que usan y las narcolanchas, estos harán un túnel para atravesar el Estrecho como el del Canal de La Mancha» y añade que «ellos podrán tener más medios y dinero, lanchas más rápidas y tecnología más avanzada, pero nosotros tenemos más conocimientos, más habilidad y más ganas de pillarlos, así que acabarán perdiendo».
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