Los 3 informes que incriminan al entorno de Gallardón han desaparecido del Canal de Isabel II

Los tres informes independientes que según fuentes directas denunciaban graves irregularidades en la compra de la filial colombiana Inassa, durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid, han desaparecido de las instalaciones del Canal de Isabel II.

Fuentes oficiales autorizadas del Ejecutivo regional consultadas por OKDIARIO han asegurado que, en sus archivos, no hay ninguna constancia de la existencia de estos tres dictámenes que cuestionan la millonaria operación realizada en 2002.

En ese momento, el presidente del Canal de Isabel II era Pedro Calvo Poch, mientras que el cargo de gerente correspondía a Arturo Canalda, quien habría sido uno de los principales cerebros de la operación.

Tampoco los agentes de la UCO dirigidos por el juez Eloy Velasco encontraron ningún ejemplar de estos informes, ni en papel ni en formato digital, el pasado 20 de abril, cuando registraron la sede del Canal.

González tuvo en sus manos el informe

Por tanto, la sospecha de los investigadores es que responsables de la empresa pública hicieron desaparecer los tres documentos, con el fin de eliminar pruebas sobre el cúmulo de irregularidades cometidas en la compra de la filial Inassa por 73 millones de dólares, diez veces el valor en el que había sido tasada apenas un año antes.

Miembros de la Guardia Civil finalmente encontraron, en el registro del despacho particular de uno de los antiguos responsables del Canal, el dictamen elaborado por el gabinete jurídico Cuatrecasas.

Como ha informado OKDIARIO, este documento fue entregado en mano en 2009 a Ignacio González, quien a su vez se lo facilitó a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Por tanto, quienes han sido los dos máximos responsables del PP de Madrid tuvieron pleno conocimiento de todas las irregularidades registradas, que sólo han salido a la luz ahora a raíz de la Operación Lezo.

Ya en 2004, la firma Garrigues & Andersen había elaborado un dictamen en el que cuestionaba que la compra de Inassa se hubiera realizado mediante una sociedad interpuesta en Panamá, que en aquel momento operaba como un paraíso fiscal con total opacidad ante las autoridades españolas. Este dato, junto al elevado sobrecoste en la compra de la filial colombiana, apuntaría al presunto pago de comisiones a intermediarios y responsables políticos.

Diez veces su valor real

Cinco años después, en 2009, el informe de Cuatrecasas entregado a Ignacio González y Esperanza Aguirre planteó unas conclusiones aún más demoledoras. El Canal de Isabel II inició en mayo de 2001 las gestiones para comprar la colombiana Inassa, justo un año después de que Aguas de Barcelona (Agbar) se hubiera desprendido de la participación del 51% que poseía en esta sociedad por 6,8 millones de dólares.

El Canal de Isabel II constituyó la sociedad instrumental Extensia para comprar el 75% de Inassa por 73 millones de dólares, a través de otra compañía radicada en Panamá, la Sociedad de Aguas de América (SAA). Más tarde, el Canal se haría con el 100% del capital de la filial colombiana.

Si un año antes Agbar había vendido el 51% de Inassa por 6,8 millones de dólares, su precio total no debería haber superado los 13 millones. Para justificar el elevado sobrecoste abonado por el Canal de Isabel II, se alegó que la filial colombiana había obtenido del Ayuntamiento de Barranquilla una prórroga de su concesión hasta 2033, lo que elevaba el valor de la empresa.

La Guardia Civil grabó en un hotel de lujo de Madrid una conversación en la que el ex presidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino, hoy en prisión, afirmaba respecto a esta compra que «se han llevado 25 millones en comisiones», como ha informado este diario.

Nadie quería comprar Inassa

Cuatrecasas determinó que la compra de Inassa se realizó «sin estudio alguno del entorno jurídico-internacional que pudiera ser relevante» y sin un «análisis del riesgo-país derivado de la carencia de cualquier normativa internacional aplicable, salvo principios demasiado abstractos de Derecho Internacional».

El gabinete jurídico también explica que, al utilizar el paraíso fiscal de Panamá para realizar la operación, los vendedores quedaban exentos de tributación fiscal en Colombia y traspasaban estas obligaciones tributarias a los compradores, es decir, al Canal de Isabel II.

Del mismo modo, el informe considera «particularmente relevante que la operación que había sido aprobada tanto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, como por el consejo de administración del CYII, era la adquisición de Inassa, sin que en ningún momento se aprobase o se pusiera de relieve que la operación se articularía a través de la adquisición de [la sociedad interpuesta panameña] SAA».

De todo ello, añade el dictamen, «podrían derivarse responsabilidades para los administradores y representantes de Extensia». Antes de que el Canal de Isabel II comprara Inassa, la consultora RC Corporate Consultants Ltda. intentó vender esta filial colombiana, sin éxito, a grandes empresas españolas como Unión Fenosa, Iberdrola, Urbaser y Ferrovial, así como a distintas multinacionales de Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón.

Cifuentes cierra el grifo

Ninguno de estos potenciales compradores consideró que la operación pudiera resultar rentable, y finalmente Inassa fue comprada con dinero público y por un precio muy superior a su tasación real, 73 millones de euros, por la empresa de la Comunidad de Madrid.

El entonces gerente del canal y supuesto cerebro de la operación, Arturo Canalda, había sido antes asesor de Esperanza Aguirre en el Ministerio de Educación y de Mariano Rajoy en la Vicepresidencia del Gobierno. Hoy preside la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el ex presidente del Canal Pedro Calvo Poch fue nombrado luego concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, un cargo del que se vio obligado a dimitir después de que murieran cinco jóvenes en la tragedia del Madrid Arena.

Tras estos hechos, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha anunciado que el Canal pondrá en marcha un plan de desinversiones para desprenderse de todas sus filiales en América Latina.