La Abogacía del Estado pide «justicia histórica» a la juez que decidirá sobre el Pazo de Meirás

El pleito que enfrenta al Gobierno de Pedro Sánchez con la familia Franco por el Pazo de Meirás ha quedado visto para sentencia. En su exposición de conclusiones, la Abogacía del Estado ha pedido «justicia histórica» a la juez encargada de decidir sobre la propiedad del histórico inmueble. Los abogados de la familia, por su parte, confían en que se aplique la ley vigente porque «Franco no está en el proceso» y «sus herederos tienen los mismos derechos que cualquier otro español». La decisión, según confirman fuentes judiciales a OKDIARIO, no se dará a conocer hasta después de verano.

Las vistas del juicio oral que se celebraron en La Coruña durante los pasados días 6 a 10 de julio, y arrancaron con las declaraciones de todos los testigos citados por la magistrada, concluían con las intervenciones del Abogado del Estado, Javier Suárez y el resto de letrados de las diferentes Administraciones Públicas personadas en la causa. Entre ellos, y durante más de dos horas, el representante jurídico del Gobierno defendió que el Pazo fue entregado al entonces «Jefe del Estado» -no a Franco como particular- tras un procedimiento «coactivo» en el que se incluyeron aportaciones públicas. Entre ellas, la «25.000 pesetas que dio» el Ayuntamiento de La Coruña en su día, tal y como recordó la letrada del ente municipal.

Es decir, para el Gobierno y el resto de instituciones, se trató de una especie de «donación simulada de forma encubierta» en una compraventa, inscrita notarialmente con posterioridad, en 1941, que, por lo tanto, fue «nula».

«Datos incongruentes»

Por su parte, los herederos del dictador, que siempre han sido muy críticos con la acción judicial iniciada por el Gobierno en base a la actual Ley de Memoria Histórica, invocada por la Abogacía al final de su escrito de conclusiones, sostienen que en el alegato de Suárez hay «un trabajo brillante» pero apoyado en datos «incongruentes».

Si, como sostuvo la Abogacía del Estado, todas las obras fueron pagadas con fondos del Estado y Franco era entonces «el Jefe del mismo», significa que «Franco era el Estado» y por lo tanto no pudo haber ninguna irregularidad ni, por supuesto, una adquisición del inmueble por usucapión (o uso continuado del mismo) por quien ya era su propietario y actuó como tal.

A ello habría que añadir «los recibos y contribuciones que pagó Franco» y que el letrado de la Xunta de Galicia, Carlos Abuín, aseguró que «se le giraron» pero que nada acredita que los pagara. También trató de desmontar la «desafectación tácita» del Estado sobre el Pazo de Meirás, que alega la familia Franco, por el hecho de que tras la muerte de su abuelo, en 1975, el Estado no hiciese nada por reivindicar la propiedad del inmueble, hasta la llegada de Sánchez a la Moncloa, en 2019.

El abogado del Ayuntamiento de Sada, Miguel Torres Jack, cuyo alcalde ha sido uno de los más beligerantes en todo el proceso previo al comienzo de la causa judicial, insistió en las «coacciones» que se produjeron para obtener las aportaciones de la «ciudad y provincia» de La Coruña que recoge la escritura de 1938.

Testimonios de historiadores

Un total de cuatro historiadores -entre los que se encontraban Xosé Manuel Núñez Seixas, Carlos Babío (autor del libro ‘Un Pazo, un caudillo, un expolio’, Manuel Pérez Lorenzo y Emilio Grandío, a propuesta de la Xunta- trataron de convencer a la juez de que, como sostiene la Abogacía del Estado, la compraventa del Pazo de Meirás por Franco, en 1941, no fue válida y que, por lo tanto, sus hijos y nietos no lo han poseído de buena fe tras la muerte de éste.

Todos los testimonios apuntaron al temor existente en la sociedad gallega durante el mandato de Franco y, por lo tanto, trataron de reforzar el carácter obligatorio de la «donaciones» hechas para comprarle el Pazo. Sin embargo, la familia señaló cómo el resultado de la «cuestación forzosa» fue, según esos mismos testigos, un fracaso. Motivo por el que plantearon a la juez la imposibilidad de «sostener ambos argumentos a la vez»: «Si los donantes hubiesen estado obligados lo lógico es que la recaudación hubiese sido un éxito».

Cambio de estrategia

Los Ayuntamientos de Sada y La Coruña se adhirieron desde un primer momento a las alegaciones de la Abogacía del Estado y todos ellos han mantenido hasta la fecha una estrategia procesal similar en la defensa de sus posiciones. Sin embargo, los letrados del Gobierno central han tenido que variar, de nuevo, sus planteamientos jurídicos iniciales, renunciando en sus conclusiones al término del juicio oral al argumento de la usucapión. No ha sido la primera vez. A petición del Gobierno, en un ocasión anterior, ya ajustaron la acción civil contra los Franco que, en contra del criterio técnico, Sánchez decidió impulsar para integrar el Pazo de Meirás en el patrimonio público del Estado.

La propia Abogacía analizó esta posibilidad, en 2018, y la tumbaba por completo por la ausencia de respaldo legal. OKDIARIO publicó, en exclusiva el informe sellado el 4 de abril de dicho año y elaborado por el abogado del Estado encargado del estudio, a petición de Patrimonio Nacional, de las posibilidades legales de llevar a cabo esta reclamación que el Gobierno ocultó. La contestación no pudo ser más demoledora: «Al no haber sido nunca propiedad del Estado, ni pudo ni puede integrarse en Patrimonio Nacional».

La Abogacía del Estado que ha representado los intereses del Gobierno de Sánchez conocía de la existencia del informe pero han seguido adelante con una reclamación que ha tenido un enfoque «en clave política hasta el último día del juicio», señalan fuentes judiciales a OKDIARIO.