Yolanda Díaz propone amnistiar también a los golpistas del 1-O procesados por «tenencia de explosivos»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 10/10/2023 19:57
  • Actualizado: 10/10/2023 22:34

La propuesta de ley de amnistía para los golpistas impulsada por Yolanda Díaz -y que se ha presentado este martes- pretende dejar sin castigo un amplísimo repertorio de delitos e infracciones administrativas cometidos en el contexto del referéndum ilegal en Cataluña. El abanico incluye incluso los delitos comprendidos en el capítulo XXII del Código Penal, relativos al orden público, y entre los que figuran la «tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos». Se trata de una clara referencia a los integrantes de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), procesados por delitos de terrorismo.

Entre los hechos amnistiables, según Díaz, figuran todos los delitos contra la Administración Pública, la Administración de Justicia o la Constitución. Además, quedarán amparados por la ley los delitos de lesiones, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de domicilio de personas jurídicas, daños, falsedades documentales y usurpación de funciones públicas, así como las infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana.

En el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se critica que «a día de hoy, se mantienen en pie varios procedimientos penales por distintos delitos contra el orden público (CDR), por apoyo económico al procés (Operación Volhov) o la imputación a Tsunami Democràtic por la organización de las protestas callejeras, asunto que se encuentra sub iudice en la Audiencia Nacional y en plena prórroga de instrucción hasta principios de 2024».

«Consideramos que deberían ser objeto de la Ley de amnistía todas aquellas acciones y omisiones ejecutadas por ciudadanos reivindicativas de la autodeterminación de Catalunya (sic)».

El texto recuerda también que «se encuentra pendiente en el juzgado la causa contra 10 dirigentes políticos por la acción exterior que se llevó a cabo durante el procés, acusados de delitos de malversación» y la investigación del Tribunal de Cuentas a 54 personas por su participación en la organización del referéndum. Hay, asimismo, 600 procedimientos contencioso-administrativos contra ayuntamientos por su vinculación con la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) «o por otros hechos de nula relevancia, como no izar la bandera española o elaborar mociones contra la Monarquía», sostienen los expertos fichados por Díaz. «A todo ello, habría que sumar más de 850 denuncias de infracciones administrativas de la Ley de Seguridad Ciudadana».

Policías

La propuesta de Yolanda Díaz también incluye a los policías imputados por su actuación para impedir el referéndum ilegal, si bien con límites. De hecho, el texto digiere las tesis independentistas para acusar a los agentes de provocar «1.000 víctimas de diversa gravedad», entre el 1 y el 4 de octubre de 2017.

El documento criminaliza a la Policía, al afirmar que «quedan fuera del ámbito de aplicación las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado susceptibles de ser calificadas como delitos de tortura y otros delitos contra la integridad moral».

La ley de amnistía tendría efecto desde el 1 de enero de 2013 y llegaría hasta el 17 de agosto de este mismo año, fecha de arranque de la actual legislatura. Sumar enmarca la medida de gracia para los golpistas en una «orientación político-criminal despenalizadora» por la cual «el Estado renuncia a la utilización del aparato punitivo y confía en la utilización de herramientas políticas para la resolución del conflicto político catalán».

Se trata, según se afirma en el documento, de abrir «una segunda fase que tiene como rasgo fundamental la desconfianza hacia la utilización exclusiva del Derecho penal como instrumento para la solución de dicho conflicto».

En la búsqueda de argumentos para justificar su «encaje constitucional», Díaz recurre incluso a la «amnistía fiscal» de Cristóbal Montoro, que tanto ha criticado, señalando que el Tribunal Constitucional «no emitió ningún reproche ante la posibilidad de que, utilizando el mecanismo adecuado, se acordara una amnistía».