Yolanda Díaz como Maduro: plantea expropiaciones para crear un «banco público de tierras»

Sumar, la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha propuesto crear un «banco público de tierras estatal» e inspeccionar qué cultivos están, en su opinión, «abandonados o subexplotados» para «iniciar la negociación con sus propietarios» y añadirlas a la bolsa pública. De ese modo, pretenden ejercer los mecanismos necesarios para que esas tierras privadas pasen a manos del Estado «para facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres al sector».

Los diputados del partido magenta Juan Antonio Valero y Enrique Santiago, líder del Partido Comunista, han presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para «la creación de un banco de tierras estatal y medidas para limitar el acaparamiento de tierras».

Ambos representantes ponen en valor «la función social de la tierra» y citan a las asociaciones de ecologistas y a los sindicatos agrarios para justificar la necesidad de la creación de «bancos públicos de tierras». «Apenas se ha avanzado en un marco regulador estatal que permita gestionar el acceso a superficie agraria que no esté en uso (o aquellas con malos usos)», aseguran desde Sumar, «para facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres al sector».

El movimiento político de Yolanda Díaz ofrece esta propuesta frente al que ellos denominan como «acaparamiento de tierras» que llevan a cabo «fondos como AXA, TIAA, BlackRock o fondos saudíes». Sumar critica que se compren «miles de hectáreas, desplazando a pequeños agricultores».

«Trabajo comunitario autogestionado»

En su lugar, el cuarto partido más votado del hemiciclo presenta «propuestas de trabajo comunitario autogestionado que permita a los beneficiarios ser protagonistas del proceso sin depender de ayuda externa».

Para ello, se ofrece a «facilitarles las herramientas y la formación necesaria» a los que labren la tierra del banco público, con el objetivo de evitar «mayor dependencia» y permitir «a los beneficiarios no contraer deudas inasumibles».

Por último, pretenden establecer «criterios agroecológicos» y «redes de intercambio de semillas locales» para «revitalizar la economía local en base a los recursos endógenos» y tratar de «recuperar la biodiversidad cultivada en cada territorio».

Esto último lo defienden frente al «impacto ambiental» de los fondos que «promueven modelos de agricultura intensiva y extractivista, agotando acuíferos» y «reduciendo biodiversidad».

«Soberanía alimentaria»

Por otro lado, apelan a una «soberanía alimentaria» que asegure «la implicación de gente joven en el campo» frente a los «fondos sin vinculación con el territorio», es decir, extranjeros, que deciden «sobre qué, cómo y para quién se produce».

Para todo ello, la primera medida que debería tomar el Gobierno, a ojos de Sumar, fuerza que forma parte de ese mismo Ejecutivo, es la «elaboración de un censo de tierras de titularidad estatal con potencial agrario que pueden ser incluidas en el citado banco público de tierras».

Por otro lado, se insta a crear otro censo en el que aparezcan qué tierras están «abandonadas o subexplotadas». Una vez establecido el objetivo, exige «iniciar la negociación correspondiente con sus propietarios para su inclusión en el banco público de tierras». Es decir, realizar una inspección para comprobar cuáles son las tierras, en manos privadas, que podrían pasar a ser del Estado.

El derecho de tanteo y retracto

Sumar planea crear un grupo de trabajo impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del socialista Luis Planas en el que participen la Federación Española de Municipios y Provincias, las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y organizaciones ecologistas que decida sobre «las formas de gestión de las tierras cultivadas».

A su vez, pretenden realizar un estudio en el plazo de 6 meses «sobre el impacto en el sector de la compra masiva de tierras agrícolas por parte de fondos de inversión». Este informe se realizaría de la mano de organizaciones agrarias.

Por último, se insta al Gobierno a «adoptar todas las medidas necesarias para limitar todo acaparamiento de tierras» por parte de los fondos mencionados. En ese mismo sentido, pretenden «impulsar las reformas legales oportunas para establecer topes en la extensión, regular el derecho de tanteo y retracto por parte de las administraciones públicas» para quedarse con cultivos en manos de la propiedad privada.