Varias asociaciones denuncian ahora en Estrasburgo el ataque de Montero al ex marido de Rocío Carrasco

Más de 20 asociaciones -encabezadas por ACCA y GenMad- han denunciado ya a Irene Montero ante la Comisión Europea por “linchar” al ex marido de Rocío Carrasco y acusarle de maltrato sin pruebas. Más tarde, esas mismas asociaciones, “ante la avalancha de peticiones de denuncia adicionales”, decidieron elaborar un formulario para que otros colectivos pudieran sumarse a las denuncias ante las instancias europeas. Y ahora, ante la insistencia de la propia ministra de Igualdad en mantener su versión y el resto de altos cargos de partidos de izquierdas que han entrado en escena para acusar a Antonio David Flores de ser un maltratador pese a la sentencia judicial a su favor, las mismas asociaciones han optado por llevar el asunto ante el Defensor del Pueblo y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La denuncia ante el Defensor del Pueblo se apoya en los mismos hechos ya denunciados sobre el comportamiento de la ministra Montero. Así el escrito señala que “Dª Irene Montero, con fecha 22 de marzo de 2021, utilizó la red social Twitter para presentar como culpable de un delito de malos tratos al ciudadano Español D. Antonio David Flores. Concretamente, la ministra escribió un tuit que textualmente manifestó ‘El Testimonio de Rocío Carrasco (ex-esposa del Sr. Flores) es el de una víctima de violencia de género’”. La denuncia aclara que “D. Antonio David Flores nunca ha sido juzgado por el delito de malos tratos del que ha sido acusado, y por el contrario, los tribunales españoles han sobreseído la denuncia”.

Las asociaciones subrayan el impacto social de este asunto y de la intervención acusatoria de Irene Montero: “La intervención de la ministra ha causado gran alarma social porque se ha desentendido por completo del derecho fundamental a la presunción de inocencia, y no vamos a pedir que el Defensor del Pueblo juzgue a la ministra, pero sí queremos hacer notar a esa Defensoría del Pueblo, la impunidad con que las autoridades violan la presunción de inocencia, ante la falta de remedios legales para hacerla efectiva”.

Los equipos jurídicos de las asociaciones afirman ser conocedores “del debate que hubo en el seno del Tribunal Constitucional relativo a las vías de protección de la faceta extra procesal del derecho a la presunción de inocencia”, y también son conscientes de que “la mayoría del Tribunal entendió que ese remedio se encontraba en la ley de protección del derecho al honor”, aunque afirman ser conscientes de que “ese pronunciamiento se hizo porque en España no existe otra vía procedimental y al Tribunal Constitucional no le corresponde innovarla. Hubo, además, votos discrepantes que señalaron la necesidad de una vía de reacción autónoma respecto a las calumnias, dado que el honor y la presunción de inocencia son derechos distintos”.

Defensor del Pueblo

Por todo ello, las asociaciones reclaman al Defensor Del Pueblo, “que admita esta queja-denuncia y acuerde abrir una investigación sobre ello conforme al art. 18 y otorgue su amparo a esta asociación reclamando al presidente del Gobierno de España como superior jerárquico de la ministra la necesidad de establecer, de acuerdo con el art. 10 de la Directiva 2016/343, un procedimiento autónomo de protección del derecho a la presunción de inocencia, que con carácter interdictal y sumario y amparado por las notas de preferencia y celeridad, se limite a comprobar la inexistencia de condena del agraviado y le restablezca en su derecho a la presunción de inocencia”.

El escrito ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo) mantiene una base jurídica similar y carga contra el “Estado Español” por la violación de los mismos derechos.

Hay que recordar que ACCA, GenMad y una veintena más de asociaciones tomaron la decisión de presentar una denuncia, inicialmente, ante la Comisión Europea por la utilización de Irene Montero del caso de Rocío Carrasco y por las acusaciones vertidas en público contra el que fuera su ex marido, Antonio David Flores. Y, ahora, la insistencia en las acusaciones ha llevado a esas mismas asociaciones a extender las actuaciones ante otros organismos.