La UE aprueba agilizar la expulsión de inmigrantes ilegales con el voto del PP y Vox, como adelantó OKDIARIO

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves la agilización de la expulsión de los inmigrantes en situación administrativa irregular gracias a los votos a favor de los grupos parlamentarios en la Eurocámara de PP y Vox, así como el de la primera ministra Giorgia Meloni y el de Alternativa por Alemania, tal y como adelantó OKDIARIO. De este modo, el PP se ha desligado de la coalición habitual con los socialistas europeos, con quienes han venido pactando en el seno de la Unión Europea.

El PPE, grupo parlamentario en el que está el partido de Alberto Núñez Feijóo; Patriots for Europe, en el que se enclava la formación de Santiago Abascal; el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), de Meloni, y el Grupo Europa de las Naciones Soberanas, de Alternativa por Alemania, han apoyado la votación en el legislativo comunitario para aprobar un «sistema común para el retorno de nacionales de terceros países que residen ilegalmente en la Unión» conocido como «reglamento de retorno».

Se trata de una herramienta con procedimientos más estrictos que los aplicados hasta ahora para forzar el retorno de los extranjeros irregulares sin derecho a permanecer en territorio europeo. Con ello, los grupos aseguran que buscan reforzar la credibilidad de su política migratoria y reducir la inmigración irregular mediante normas más estrictas.

La norma establece que, a partir de su aprobación, los inmigrantes en situación irregular que no colaboren en su deportación pueden ser recluidos en centros de detención, entre los que podrán estar también las familias con miembros menores de edad. Asimismo, perderán las ayudas sociales a las que hayan tenido acceso.

Centros de retorno en terceros países

También establece un formato único de decisión de retorno, que será válido en todo el espacio Schengen. Esto implica que una orden emitida por un país miembro de la Unión Europea deberá ser ejecutada directamente por las autoridades de otro Estado, de modo que se evite reiniciar procesos continuamente.

Por otro lado, el reglamento abre la puerta a la creación de hubs o centros de retorno ubicados fuera del territorio de la UE, es decir, en terceros países. Allí se podrían enviar a solicitantes de asilo rechazados para tramitar su repatriación definitiva desde allí.

La posición del Parlamento Europeo acuerda la imposición de mayores obligaciones de cooperación a los inmigrantes en situación irregular. Entre otras medidas, asegurar la identificación, documentación o los datos biométricos.

Los grupos conservadores han detallado la emergencia de esta medida en que, desde 2008, sólo el 20% de las órdenes de retorno del conjunto de la UE se han cumplido, mientras que, en España, hay una situación de mayor incumplimiento: sólo se han expulsado al 9,7% de los extranjeros en situación administrativa irregular con orden de expulsión.

El presidente de la comisión de Libertades Civiles (LIBE), el popular Javier Zarzalejos, ha subrayado la importancia de esta medida: «No podemos avanzar en una política migratoria creíble y eficaz si las decisiones de retorno no se cumplen». «Debemos terminar con la inmigración ilegal y cortar el negocio de las mafias que trafican con personas», ha puesto en valor.