La UCO destapa indicios de amaño en el contrato de 4,6 millones que el CSD adjudicó al socio de Begoña

Un nuevo informe de la UCO de la Guardia Civil, emitido a petición del juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, destapa nuevas anomalías que pueden ser indiciarias de amaño o de, como mínimo, una tramitación sospechosamente extraña del contrato de 4,6 millones –IVA incluido– que el Consejo Superior de Deportes (CSD) adjudicó a Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez. Tanto Begoña Gómez como Barrabés están imputados en la causa que instruye el juez Peinado. Uno de los datos que los investigadores de UCO subrayan que han enviado al juez Peinado es que no aparecen los informes de apertura de plicas generados por la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Se trata de un aspecto relevante, por cuanto el registro de ese trámite esencial en la transparencia de toda adjudicación no ha podido ser localizado. En la documentación recabada por la UCO en el CSD –organismo que depende del Gobierno– no hay rastro de ese informe de apertura de plicas. Es decir, de las ofertas selladas que han de ser abiertas de forma estrictamente reglada en cualquier adjudicación para evitar amaños. Hasta ese momento, Innova Next iba por detrás en la licitación; tras valorarse las plicas que no se sabe cuándo se abrieron, la empresa del socio de Begoña Gómez superó a su contrincante por un ajustadísimo resultado: 89 puntos para Innova Next, 88,6 para su competidora.

«No se han localizado, entre la información aportada, los informes de apertura generados por la Plataforma de Contratación del Sector Público», dice la UCO en este informe, que lleva fecha del pasado 2 de julio y que está en poder del juez Peinado. Los investigadores lo consideran un dato muy relevante para la investigación sobre Begoña Gómez: esa frase aparece subrayada en el informe de la UCO al que ha tenido acceso OKDIARIO.

En la licitación competían dos empresas: Innova Next, empresa del imputado Barrabés; y Atos IT Solutions & Services Iberia. El proceso de adjudicación incluía dos fases. Por una parte, se puntuaban aspectos de valoración subjetiva, sometida exclusivamente a juicios de valor del adjudicatario. En la puntuación, Atos aventajó a la empresa de Barrabés, 40 puntos frente a 38. Así las cosas, lo decisivo pasaba a ser la segunda fase, la parte de puntuación objetiva, basada en fórmulas cuantificables en las que, teóricamente, no cabe margen de discrecionalidad y en la que se tienen en cuenta aspectos matemáticos como el presupuesto ofertado por cada licitador.

Sombras de sospecha

De ahí que la apertura de estas plicas y el contenido de las mismas fuera decisivo en la adjudicación final. En toda licitación van en sobres cerrados, que han de ser custodiados hasta que son abiertos en la mesa de contratación, con luz y taquígrafos, para descartar que cualquiera de los licitadores ha podido contar con información de su competidor y, en connivencia con algún encargado de la licitación, rehacer su oferta y adaptarla para sacarle ventaja. De ahí que el registro del momento en el que se abren las plicas sea esencial para garantizar la limpieza de una licitación pública. En este caso, como apunta la UCO, no aparecen los informes de apertura de plicas generados por la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El informe de la UCO es rotundo al indicar que «no es posible determinar, para el caso de las ofertas económicas y de criterios cuya cuantificación depende de la mera aplicación de fórmulas, el momento exacto de su apertura, dado que no se ha localizado, entre la información aportada, los informes de apertura generados por la Plataforma de Contratación del Sector Público». Es decir, queda la duda de que los sobres con esas ofertas pudieran haber sido abiertos antes de que se reuniera la mesa de contratación, lo que constituiría una infracción de extrema gravedad, porque vicia todo el procedimiento al no garantizar la limpieza del mismo.

Además, el informe sobre la apertura, comprobación y valoración de esas plicas no fue firmado cuando se celebró la mesa de contratación que debía encargarse de esa tarea, sino al día siguiente. Y el acta de dicha sesión aún tardó más: no fue firmada con el visto bueno del presidente de la mesa de contratación hasta el 6 de julio de 2022.

El papel de Jesús Mardaras

Los investigadores también consideran oportuno detallar los tiempos en los que se realizaron otros trámites esenciales en esta adjudicación que benefició al socio de Begoña Gómez. Así, se indica que la mesa de contratación que debía realizar la puntuación de la parte subjetiva se reunió el 16 de junio de 2022 para abrir las ofertas, y así se hizo. Posteriormente se convocó a la mesa para una nueva reunión en la que aprobar las puntuaciones de esa fase subjetiva. Se fijó para el 30 de junio de 2022. Y el encargado de hacer la propuesta de puntos a otorgar a cada licitador emitió el informe ese mismo día, el 30 de junio de 2022, apenas tres horas antes de que se reuniera la mesa de contratación. El autor de dicho informe no era un técnico de base, sino un alto directivo del CSD, Jesús Mardaras Arrúe, que ocupaba el cargo de subdirector general de Promoción e Innovación Deportiva de ese organismo.

El informe de la UCO sobre el caso de Begoña Gómez destaca precisamente la función clave que desempeñó este alto directivo del Consejo Superior de Deportes. «Se observa una participación preponderante de Jesús Mardaras Arrúe, a quien se le otorga responsabilidad y firma sobre diferentes documentos del expediente» que son decisivos para la adjudicación que recayó en la empresa del imputado Barrabés. Al mismo tiempo, Mardaras era también vocal de la propia mesa de contratación.