Transparencia permite a Sánchez ocultar los gastos de su veraneo con amigos en los palacios del Estado

El Consejo de Transparencia ha desestimado una reclamación en la que se requería el coste de las vacaciones de Pedro Sánchez durante el pasado verano. Sánchez, pese a la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país, disfrutó de tres semanas de relax, que repartió entre las fincas presidenciales de La Mareta (Lanzarote) y Las Marismillas (Doñana, Huelva).

El ciudadano pedía «toda la información de los gastos que hemos pagado todos los españoles en plena pandemia al señor Sánchez en sus vacaciones de verano. Las valoraciones de las estancias en lugares del patrimonio nacional, cuando un español se va de vacaciones paga el hotel, el apartamento etc., los gastos que ha empleado en los viajes de avión por los desplazamientos de un lugar a otro. En definitiva, que si todos los españoles somos iguales en derechos y obligaciones espero y deseo que devuelva el dinero gastado de todos los españoles», se quejaba en su petición.

Ante el silencio del Gobierno, el interesado presentó una reclamación a Transparencia, que remitió el expediente al Ministerio de la Presidencia para que pudiese hacer las oportunas alegaciones.

El departamento, dirigido por Carmen Calvo, respondió que «los lugares de Patrimonio Nacional dependen de Patrimonio Nacional», dándole el correspondiente traslado.

El interesado mostró su desacuerdo con las alegaciones y solicitó una ampliación de información «sobre qué amigos estuvieron de vacaciones con el Sánchez que les hemos pagado las vacaciones todos los españoles», en base a distintas informaciones periodísticas según las cuales el presidente socialista había invitado a varias amistades a disfrutar de unos días de descanso en estos palacios, a costa del Estado.

El Consejo de Transparencia se sirve de este hecho, la ampliación de información adicional acerca de los amigos de Sánchez, para desestimar la petición. Sostiene que, «como se ha sostenido en múltiples ocasiones, no es permisible cambiar los términos de la solicitud en vía de reclamación, dado que se podría perjudicar el principio de la seguridad jurídica, en virtud del cual debe existir la certeza de que una determinada situación jurídica previa no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados».

El Consejo se remite incluso a una sentencia del Tribunal Constitucional, de 2005, para definir este principio, y concluye que «estos razonamientos son perfectamente aplicables al caso que nos ocupa, en la parte de la reclamación ampliada, que no debe ser tenida en consideración. Por lo expuesto, la presente reclamación ha de ser desestimada».

El Gobierno ha tratado de blindar todo acceso a las visitas privadas recibidas por Pedro Sánchez durante sus estancias en Las Marismillas y La Mareta, palacetes propiedad del Estado.

En una respuesta por escrito en el Congreso, a preguntas del PP, el Ejecutivo señaló que los encuentros forman parte «de la esfera de la vida privada y familiar» del presidente.

Los ‘populares’ buscaban conocer cuántas personas se habían alojado en la residencia oficial, además de Sánchez, su mujer Begoña Gómez y sus dos hijas, además de cuántos días y en qué fechas, qué medio de transporte se empleó y a cuánto ascendieron las compras de alimentos, bebidas y productos de limpieza por entonces.

«Hay que hacer constar que las visitas privadas al domicilio donde se alojan el Presidente del Gobierno y su familia forman parte de la esfera de su vida privada y familiar. Por tanto, la información solicitada incide en su derecho fundamental a la intimidad personal y familia (artículo 18 de la Constitución Española)», respondía el Gobierno.

Aseguraba, asimismo, no disponer de información sobre los medios de transporte que se habían utilizado en las visitas privadas, ni Contabilidad de costes que permita individualizar los gastos de suministros objeto de la pregunta», en referencia a productos alimenticios y de limpieza.

En relación a la estancia en La Mareta, el PP intentó también conocer las veces que se había utilizado el helipuerto durante el mes de agosto.

El Gobierno muestra un silencio total sobre estas polémicas cuestiones. Como publicó OKDIARIO, el Ejecutivo se escudó en los «secretos oficiales» para no revelar quién acompaña a Sánchez en el Falcon.

En una pregunta por escrito a Vox en el Congreso, a la que tuvo acceso este periódico, Vox requería saber «cuántos pasajeros formaban parte de la tripulación de todos los vuelos realizados junto con el presidente del Gobierno desde enero de 2020 hasta ahora», además de cuántos de ellos «sin incluir la tripulación, eran ajenas al Gobierno o no tenían responsabilidades públicas en dichos viajes».

En la contestación, el Ejecutivo se remite, una vez más, a la Ley de Secretos Oficiales -que data de 1968- para esgrimir que «tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y en concreto los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección».

Control de Sánchez

La independencia del Consejo de Transparencia está en cuestión después de que Pedro Sánchez pusiese al frente del organismo a un antiguo cargo del Gobierno de Zapatero, José Luis Rodríguez Álvarez.

En un nuevo movimiento, hace unas semanas, Rodríguez Álvarez cesó a la directora de reclamaciones, Esperanza Zambrano.

El cese se entendió como un intento de Pedro Sánchez de controlar una institución que, en los últimos tiempos, ha sido especialmente incisiva con algunas cuestiones delicadas para el dirigente socialista, como sus viajes en Falcon, sus estancias de vacaciones o, precisamente, la gestión de la crisis del Covid.

Cabe recordar que el Consejo obligó a Sanidad a revelar la identidad de los funcionarios que habían decidido qué comunidades pasaban de fase durante la desescalada, algo que el Gobierno había intentado mantener en secreto.

El nuevo director del Consejo de Transparencia tiene un largo currículum vinculado a los socialistas. Fue director del gabinete de secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, desde 2004. Posteriormente, fue su director de gabinete cuando lo nombraron ministro de Justicia. Además, estuvo al frente de la Dirección General de Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia (2008-2009). En 2011, Caamaño lo designó director de la Agencia Española de Protección de Datos, un cargo en el que se mantuvo hasta 2015.