El Supremo ve probado que Dolores Delgado y el Gobierno torcieron la ley para enchufar a un fiscal afín

El Tribunal Supremo (TS) ha considerado probado que la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, torció burdamente la ley para enchufar a un afín como fiscal de sala de menores en la Fiscalía General del Estado. Es la segunda vez que el Supremo se pronuncia sobre este asunto, ante la reincidencia en la que incurrió el Gobierno a propuesta de Dolores Delgado, cuya filiación socialista es evidente: antes de ser colocada al frente de la Fiscalía, fue ministra de Justicia de Pedro Sánchez.

Ahora, el Supremo se expresa con dureza contra la actitud de Delgado. Y es que, pese a que en el año 2022 ya se sentenció que había elegido injustamente para el cargo a un candidato en detrimento de otro, en vez de corregir su criterio volvió a imponerlo. Aquellas sentencias reprocharon a Delgado que no motivó aquel nombramiento injusto, y que por eso correspondía anularlo. Y Delgado optó por volver a proponerlo con un informe de 22 páginas con el que, a base de lanzar argumentos de lo más variado, trató de cubrir el trámite de la motivación de manera formal, pero sin justificación objetiva alguna.

Así lo subraya ahora el Tribunal Supremo. El 4 de julio ya anunció que había vuelto a dar la razón al fiscal que se había visto perjudicado, José Miguel de la Rosa Cortina. Pero es ahora cuando ha hecho pública la sentencia argumentada. Y es demoledora contra Delgado y contra el Gobierno de Sánchez, porque es éste quien realizó el nombramiento injusto. Lo hizo mediante decreto, a propuesta de la entonces fiscal general del Estado, a la que luego recolocó como fiscal para la Memoria Democrática, cargo que sigue ocupando Dolores Delgado.

El beneficiado por ese nombramiento injusto fue Eduardo Esteban Rincón, que, además, de esa forma fue elevado a la categoría de fiscal de sala, que no tenía. Sí lo era el otro candidato, De la Rosa Cortina. Este último, además, presentaba unos méritos claramente mayores que los de Eduardo Esteban Rincón para ocupar ese puesto de fiscal de sala de Menores, cuya cobertura había sido convocada mediante un concurso convocado al efecto. Es decir, no se trataba de una plaza de libre designación sino de un puesto que exigía una valoración de méritos objetiva.

Esa objetividad se la pasaron por alto Dolores Delgado y el Gobierno. El Tribunal Supremo es contundente: «las convicciones» y «preferencias» de la fiscal general del Estado no tenían cabida en la resolución de esa convocatoria. Pero lo hizo. Y, subraya el Supremo, «elevar» ese «sesgo» a la categoría de «criterio explícito, objetivo y legítimo de preferencia no es ajustado a Derecho, fuera de los supuestos de selección para puestos de confianza mediante libre designación».

Tan burdo fue el dedazo que Delgado llegó a alegar como mérito a favor de su afín el hecho de que comulgara con «la orientación de la política criminal» de la que hacía gala la fiscal general del Estado nombrada por Pedro Sánchez.

El Supremo destaca que, torciendo el procedimiento reglado, el Gobierno, a propuesta de Dolores Delgado, acabó nombrando fiscal de sala de Menores «a un candidato sin ninguna experiencia teórica ni práctica en la materia sobre otro que ha acreditado ser un verdadero especialista en la misma». Y remarca: «Cuando lo que se trata de decidir es quién resulta más idóneo para cubrir una plaza que tiene un perfil bien identificado, no cabe infravalorar, cuando no obviar, los méritos específicamente relativos a dicho perfil».

A mayor abundamiento, los magistrados ponen en evidencia el reincidente intento de Delgado y el Gobierno por amañar la adjudicación de esa plaza de fiscal de sala de Menores: «Que haya empleado veintidós páginas [en un escrito de motivación] no altera esta conclusión». Reprocha el Supremo, en suma, que Delgado y el Gobierno ignoraron por completo «a enorme diferencia de méritos entre ambos candidatos» y, por razones ajenas al Derecho, optaron por un candidato afín en vez de por el más preparado.