El Supremo rechaza suspender el voto a los 189.678 hijos de los nacionalizados por la Ley de Nietos

• Nacho Atanes @nacho_atanes
• Redactor de Nacional en OKDiario. Antes, en deportes y SEO. ignacio.atanes@okdiario.com
• • 09/11/2026 14:22
  • Actualizado: 09/11/2026 15:41

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a los 189.678 hijos de los nacionalizados por la denominada Ley de Nietos. Según sendas resoluciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza las peticiones de Vox e Iustitia Europea, que habían reclamado extender la suspensión del voto.

El Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto a los padres de estos, nacionalizados por una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022, salvo que acreditasen que son descendientes de exiliados. Los hijos de estos nacionalizados, prácticamente 190.000 personas, sí podrán votar el próximo 29 de noviembre.

La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, se mostró en contra de las peticiones de ambos partidos por «no resultar conformes y ajustadas a derecho».

La sección cuarta de lo contencioso del alto tribunal ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox en un auto, notificado este lunes –día festivo en la ciudad de Madrid–, que cuenta con el voto particular discrepante de uno de sus seis magistrados, y con el concurrente de otra jueza, que apoya que estas 190.000 personas puedan votar, pero discrepa de alguna argumentación de sus compañeros.

Por otra parte, el tribunal ha rechazado las alegaciones de varias asociaciones y particulares que solicitaron reconsiderar la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos –en torno a 163.000 personas–, de manera que la negativa a que estos acudan a las urnas continúa vigente.

El Gobierno celebra la decisión del Tribunal Supremo de denegar la suspensión del derecho a voto de los españoles y españolas hijos de personas nacionalizadas gracias a las leyes de memoria aprobadas en el Congreso, en línea con lo solicitado por la Abogacía del Estado.

No obstante, fuentes del Gobierno lamentan que «este razonamiento no se haya aplicado a las españolas y españoles que obtuvieron la nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aunque espera que la decisión definitiva acabe amparando sus derechos».