El Supremo pide el suplicatorio para investigar a Ábalos, ex nº 2 del PSOE, por cuatro delitos

El juez instructor del caso Ábalos en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para el que fuera ministro de Fomento y ex número 2 del PSOE José Luis Ábalos al apreciar indicios de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

El auto del magistrado subraya que «ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados» han provocado que se ahonde en la investigación contra Ábalos. Esta decisión se toma después de que hayan prestado declaración los otros dos investigados en el Supremo, el empresario Víctor de Aldama y Koldo García, ayudante del ex ministro, y tras haber analizado los documentos aportados, las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios.

«Existen elementos bastantes para, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de la fase procesal en la que nos encontramos, considerar que el aforado [José Luis Ábalos] pudiera, prevaliéndose de su condición de ministro de Transportes, y a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí, haber determinado la adjudicación de varios contratos de la Administración pública». El magistrado lo circunscribe a las mordidas que se pudieron haber cobrado en la compra de material sanitario durante los peores meses de la pandemia.

Se trata del paso previo necesario para poder empezar a investigar formalmente al actual diputado del Grupo Mixto. Hasta ahora, había acudido a declarar de forma voluntaria el pasado viernes, en una comparecencia en la que negó que hubiera cometido ninguna actividad delictiva.

El que fuera mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió su inocencia ante el magistrado Puente y aseguró que pretendía «desmontar las mentiras» del empresario Víctor de Aldama, también investigado en la causa.

En todo caso, el diputado insistió en recalcar que no nunca cobró comisiones ilegales y que tampoco había amañado las adjudicaciones de contratos públicos. Lo hizo en una comparecencia de algo más de tres horas en la que incluso cuestionó tanto el informe de la UCO como la exposición razonada que originó la apertura de la causa en el Supremo.

El Supremo no cree a Ábalos

Sobre esto, el Supremo asegura que «naturalmente, no se aviene con los indicios ya mencionados y que se concretan en diferentes documentos y declaraciones con las que se ha contado, hasta el momento, en el curso de la investigación realizada». Es decir, que su declaración desvinculándose de la trama no concuerdan con las pruebas que obran en poder del juez.

«Aparece indiciariamente justificado que, al menos, don José Luis Ábalos pudiera haberse beneficiado económicamente», sostiene el juez. Se refiere tanto a pagos, como a «los alquileres de la vivienda en la que residía quien fuera entonces la pareja sentimental». También considera que existen pruebas de que se concertó «el alquiler con opción a compra de un chalet en la costa».

En el Supremo no sólo se investiga a Ábalos, sino que también se está investigando a Aldama y a Koldo García, ayudante del ex ministro durante su etapa al frente de Transportes. Y es que, el juez Puente considera que sus conductas están «directa e inescindiblemente» relacionadas con las que pudiera haber protagonizado el exministro.

Tras esta comparecencia, el PSOE respiró aliviado. Fuentes presentes en el juzgado aseguraron que Ábalos en ningún momento señaló a miembros del Gobierno. Eso a pesar de que Aldama había implicado en la causa que ahora se investiga en el Supremo tanto al ministro Ángel Víctor Torres como al jefe de Gabinete de Hacienda, Carlos Moreno.

Sobre este último, Koldo García ha admitido en su declaración de este miércoles que pudo «encontrarse en un bar» con él y que también habría estado Aldama. El empresario aseguró que Moreno había cobrado 25.000 euros en a cambio de «unos favores». Concretamente, según la versión del ex presidente del Zamora, habría solicitado al alto cargo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se aplazase un embargo y se prestase ayuda ante una situación de endeudamiento de una empresa de Aldama.