El Supremo amenaza al Gobierno con sanciones si no se hace cargo ya de los menas de Canarias

El Tribunal Supremo (TS) ha amenazado al Gobierno de Pedro Sánchez con sanciones si no se hace cargo de los menores inmigrantes no acompañados (menas) llegados en los últimos meses a las costas de Canarias. «Son competencia exclusiva del Estado», recuerda el auto del Alto Tribunal. El Ejecutivo podría enfrentarse a multas de 150.500 euros hasta que no cumpla con lo que dicta el Supremo.

Los magistrados del TS llevan semanas instando al Gobierno de Sánchez a que adopte medidas urgentes para asegurar que los menores inmigrantes llegados a Canarias sean atendidos. Ahora, el último escrito del Supremo ha constatado que existe un «claro incumplimiento» de lo que ellos dictaron.

Desde marzo, el Alto Tribunal viene señalando que no se está evaluando a los menores, ni existe una relación completa y precisa de los menas. También señala que no se están aplicando los derechos de los que deberían gozar los solicitantes de asilo. Todo ello, como ha detallado el TS, les ha provocado una situación de «vulnerabilidad y necesidad».

«Hasta el momento, en claro incumplimiento de la medida cautelar acordada -son ya dos los requerimientos incumplidos-, la Administración estatal ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia, ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes, circunstancia que se erige en presupuesto de la anterior», señala el auto de los magistrados del Supremo.

Competencia exclusiva del Estado

El escrito detalla cuáles son los derechos que tienen los menores inmigrantes y que el Gobierno debería estar protegiendo al ser competencia exclusiva del Estado, no de la comunidad canaria que ahora mismo está haciéndose cargo de ellos.

El Supremo aclara que aunque estos servicios los esté prestando la autonomía, no significa que el Ejecutivo sanchista esté cumpliendo con su deber porque no los menores no son reconocidos por la Administración del Estado o, al menos, no en su debida extensión.

Por todo ello, el Alto Tribunal adopta cuatro medidas en su fallo relativo a los menores inmigrantes de Canarias.

En primer lugar, da un plazo al Gobierno de 30 días para que dote de medios personales y materiales necesarios a las oficinas administrativas que se encargan de la tramitación de solicitudes de protección internacional. El objetivo es que se resuelva su situación en un plazo razonable. El Supremo recuerda que las solicitudes tienen que resolverse en 6 días.

Segundo, da 15 días para que se ponga en marcha el sistema para que los menores inmigrantes puedan acceder al sistema de acogida que sería consecuencia de pasar a formar parte del estatuto de solicitantes de protección internacional.

En tercer lugar, se pide exige la identificación «de los responsables del cumplimiento de las medidas acordadas en cada uno de los ministerios afectados, presumiéndose, en otro caso, que serán quienes sean titulares del correspondiente Departamento Ministerial», según reza la nota de prensa del Alto Tribunal.

Por último, el Supremo insta a dar cuenta detallada a sus magistrados cada 15 días hasta se cumpla al completo con la obligación que tiene el Gobierno. Y advierte: «se adoptarán las medidas coercitivas previstas en la ley (art. 112 LJCA) en caso de no ser atendido este requerimiento». Este precepto legal indica que podrían enfrentarse a «multas coercitivas de 150.500 euros» las «autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial».