Sanidad oculta un sondeo que revela que los españoles desean mayoritariamente la ley de pandemias del PP

La semana pasada, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, justificó la imposición de la mascarilla en exteriores remitiéndose a un sondeo elaborado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que depende del propio Ministerio. «Hoy conocemos la novena ronda del estudio Cosmo que, entre otras cuestiones, plantea que hay una menor adherencia a la utilización de la mascarilla y la necesidad de retomar la obligatoriedad al aire libre», alegó Darias. Pero el citado estudio -que es en realidad un sondeo de opinión a  1.049 personas- arroja otras conclusiones, que el Gobierno oculta. Por ejemplo, que los españoles creen que «unificar la normativa a nivel nacional» sería fundamental para controlar la pandemia. De hecho, es la segunda opción elegida, sólo por detrás de «disolver botellones y multar». La medida coincide en esencia con la ley de pandemias que el Partido Popular lleva año y medio reclamando a Pedro Sánchez y que permitiría unificar medidas a nivel nacional con las suficientes garantías jurídicas. La propuesta siempre ha sido rechazada por el socialista.

Así, el Gobierno se apoya en esta encuesta para obligar al uso de la mascarilla al mismo tiempo que rechaza otras opciones que cuentan con un apoyo mayoritario. De hecho, la vuelta a la mascarilla obligatoria ni siquiera figura entre la batería de opciones para controlar los rebrotes. A la prohibición de los botellones y la unificación de normas, le siguen -por orden de preferencia- pedir el certificado Covid para entrar en lugares de ocio, reducir el aforo de los sitios cerrados, limitar las reuniones con no convivientes, confinar las zonas afectadas y volver a cerrar el ocio nocturno. Las medidas que generan menos acuerdo serían decretar el toque de queda, declarar otra vez el estado de alarma, el cierre de bares y restaurantes e instaurar un confinamiento total.

En cuanto a la mascarilla, las conclusiones que, según el Gobierno, justifican su medida -que no comparte ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS)- es que, en relación a otras rondas del estudio, existe un mayor desacuerdo con la «no obligatoriedad de la mascarilla en exteriores». En realidad, ese desacuerdo apenas ha aumentado tres décimas en comparación con la ronda anterior.

El estudio también afirma que se observa «un descenso muy acusado» en la adherencia a la medida «utilizar la mascarilla cuando estoy con amigos», aunque en realidad pasa de una media de 3,8 al 3,1 según los últimos resultados.

Desde el PP llevan meses reclamando a Pedro Sánchez que apruebe una ley de pandemias que dotaría a las comunidades autónomas de una garantía jurídica para aprobar medidas. «La negativa de Sánchez hace que volvamos a tener 17 navidades distintas», lamentaron estos días los populares.

El partido de Pablo Casado planteó su propuesta hace más de un año y registró en el Congreso, ya antes de que expirase el estado de alarma, su ‘plan B’ jurídico, una proposición que podría tramitarse de urgencia y en lectura única con el fin de estar en vigor cuanto antes pero que Sánchez ha desoído sistemáticamente.

La propuesta se basa principalmente en una reforma de la Ley Orgánica de Salud Pública para unificar criterios y que todas las comunidades puedan actuar igual ante el Covid-19. «¿Por qué sigue negándose a una ley de pandemias que permitiría ser más eficaces? Es una gravísima irresponsabilidad», exclamó Casado hace unos días. El líder del PP reiteró su mano tendida al Ejecutivo para aprobar una norma que permita que el control del virus «sea homogéneo en toda España y con todas las garantías jurídicas» y reprochó que Sánchez «ni se digna a contestar». Esa norma, recuerda, la han pedido el Consejo de Estado, los presidentes autonómicos, los alcaldes, los jueces, la Unión Europea y los mismos sanitarios.

Desde el Gobierno -que en la fase más crítica de la pandemia admitió la necesidad de modificar la normativa- se rechaza la propuesta del PP alegando que España cuenta con suficiente «legislación vigente» para enfrentarse a la pandemia. En la práctica, el resultado ha sido un auténtico caos jurídico.

En su lugar, la principal medida de Sánchez para afrontar la explosiva ola de contagios por la variante Ómicron ha sido imponer la mascarilla obligatoria en exteriores. Eso pese a que expertos y organismos internacionales lo cuestionan. Desde la OMS, sólo se aconseja cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad. Algo en lo que coinciden los Colegios de Médicos, que avisan de que la efectividad de la medida «es mínima».