Sánchez retuerce la ley para no decir cuánto gasta de luz y gas en su residencia de La Moncloa
Yolanda Díaz no sabe cuánto gasta de luz en su vivienda oficial porque son «facturas del ministerio»
El Gobierno anuncia a las comunidades autónomas que no bajará los impuestos de la luz y la gasolina
El Gobierno ofrece a los transportistas 500 millones en bonificaciones pero no bajará impuestos
Pedro Sánchez blinda el acceso a su consumo de gas y electricidad en el Palacio de La Moncloa. Con los españoles sufriendo los precios disparados de la energía, ante la absoluta pasividad del Gobierno, el presidente socialista, a preguntas de OKDIARIO, ha rechazado ofrecer información sobre su gasto particular en estos suministros. El Ejecutivo alega que tiene que «reelaborar» la información y rechaza de plano facilitar la cifra.
La pregunta era muy concreta: «Gasto del consumo eléctrico y de gas en la residencia del presidente del Gobierno en el Palacio de La Moncloa». Se solicitaban los datos desde 2018 a la actualidad. En su respuesta, el Ejecutivo se remite a uno de los supuestos recogidos en la ley de transparencia, que permite inadmitir una solicitud de acceso a la información si se requiere una «acción previa de reelaboración». El Ejecutivo, por tanto, admite que dispone de dichos datos, pero no los facilita porque, para ello, tiene que recopilarlos previamente.
Desde el Gobierno se han ofrecido excusas diversas para no ofrecer información alguna sobre el consumo energético de sus miembros, en un momento muy delicado para los ciudadanos. Así, por ejemplo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró desconocer a cuánto ascienden los gastos de luz de su vivienda oficial porque, alegó, «están incorporados a las facturas del inmueble del Ministerio» y «son indiferenciables del conjunto del mismo», según una respuesta también a este periódico. Díaz reside en una vivienda de 443 metros cuadrados en el Ministerio de Trabajo, la más grande de las que ocupan los ministros.
Sin medidas
Y todo ello, mientras Sánchez no ha adoptado aún ninguna medida para que los españoles puedan hacer frente al alza de los precios de la luz, el gas o los combustibles.
En plena subida de la luz y el gas, el presidente socialista ha mostrado su triunfalismo por el hecho de que Bruselas reconozca un «tratamiento diferenciado» a España y Portugal para limitar los precios de la energía.
En realidad, la UE sólo se abre a estudiar medidas nacionales para topar el precio de la luz. Algo que no es novedoso, pues ya el pasado 8 de marzo la Comisión Europea ofreció a los países un plan de apoyo para permitirles «regular los precios y redistribuir los ingresos procedentes del sector energético y del comercio de derechos de emisión a los consumidores». Las medidas de Sánchez, asimismo, deberán contar con la tutela de Bruselas y su aplicación no será inmediata, pese a lo que ha afirmado el presidente del Gobierno.
«España y Portugal a partir de hoy podremos poner en marcha medidas excepcionales, acotadas en el tiempo, para reducir los precios de la electricidad a nuestros consumidores, a nuestra industria y a nuestras empresas», aseguró este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Europeo, en Bruselas.
Desde el Gobierno ya se admite que esas medidas no serán inmediatas, pues se debe enviar aún la propuesta a Bruselas para su aprobación por parte del Ejecutivo comunitario, si se cumplen determinadas condiciones.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ya ha admitido que la aplicación de las medidas puede aplazarse hasta «tres o cuatro semanas», que es el plazo en el que el Gobierno espera que «habrá un pronunciamiento de la Comisión Europea».
Pese a la presión que desde hace meses supone la factura eléctrica para el bolsillo de los españoles, el Gobierno ha descartado tomar medidas y se emplaza al próximo 29 de marzo, cuando tiene previsto aprobar un «plan nacional» para, afirma, responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania. El Gobierno descarta una bajada de impuestos, tal y como anunció recientemente a las comunidades autónomas.
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