Sánchez necesita renovar el CGPJ para controlar el Supremo porque así elegiría a 48 de sus 79 jueces
La excedencia voluntaria del magistrado Díaz Fraile sube ya a 24 las vacantes en el Alto Tribunal y surgirán otras 24 en cinco años
Los jueces en el Supremo lamentan que los refuerzos de los letrados no solucionan la crisis
Los jueces del Tribunal Supremo sienten un «total desamparo» ante la imposibilidad de que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado no pueda cubrir las vacantes que el tiempo va generando. De los 79 magistrados que debería haber en activo, ya hay 24 vacantes y en los próximos 5 años serán 48. Pedro Sánchez necesita imponer su mayoría política en el órgano de gobierno de los jueces porque así influiría en el nombramiento de más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo.
Los despachos del Supremo poco a poco se vacían. Los magistrados se van extinguiendo por jubilaciones, fallecimientos, cambios de destino, etc. Esto provoca una sobrecarga de trabajo inmensa. Se ha reforzado el Alto Tribunal con letrados de Justicia, que suponen varios millones al año en sueldos para las arcas estatales, pero se trata de personas que no dictan sentencias y los asuntos se acumulan. Cada año que no se renueva el Consejo, el Tribunal Supremo acumula unos 1.000 temas por resolver, reconoció el ministro del ramo, Félix Bolaños, en el Congreso de los Diputados.
La crisis se agravó en 2021 cuando las Cortes, por iniciativa del PSOE, aprobaron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prohibe que el CGPJ caducado haga nombramientos discrecionales con el objetivo de forzar al PP y al PSOE a negociar.
Desde entonces, el CGPJ ha dejado sin nombrar 84 puestos. La situación más crítica es en el Supremo, porque en otras instancias, como los autonómicos tribunales superiores de Justicia, hay un sistema de suplencias.
Distribución de vacantes
En el Supremo hay 24 vacantes en total. Por salas: 3 en la de lo Civil, 1 en la de lo Penal, 11 en la de lo Contencioso-Administrativo, 6 en la de lo Social y 3 en la de lo Militar. A esto se sumarán otras 24 vacantes en los próximos meses.
En febrero llega la de Celsa Pico, de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, que se sumará a la de Juan María Díaz Fraile. Esta semana el CGPJ ha dictado el acuerdo relativo a la excedencia voluntaria de ese magistrado de la Sala de lo Civil. Así se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado viernes.
Excedencia de Díaz Fraile
El órgano de gobierno de los jueces ha adoptado esta decisión de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fija que se procederá a declarar en la situación de excedencia voluntaria, a petición del juez o magistrado, en los casos en los que éste se encuentre «en situación de servicio activo en un cuerpo o escala de las Administraciones públicas o en la carrera fiscal».
Díaz Fraile ha sido magistrado del Supremo desde noviembre de 2019. Es registrador de la propiedad y notario. También es doctor en Derecho, catedrático de Derecho Civil y codirector de la cátedra de Derecho Registral de la Universidad Complutense de Madrid, como plasma su biografía en la web del Supremo. Tiene la Cruz Distinguida de Primera Clase y de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Encomienda de la Orden del Mérito Civil, Encomienda de la Orden de Isabel la Católica y Medalla de Honor del Colegio de Registradores de España.
Recientemente, presentó un recurso ante el Supremo para que aclarara si los registradores de la propiedad que fueran nombrados magistrados del Supremo debían ser declarados en el Colegio de Registradores en situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad o en situación de servicios especiales.
El pasado 27 de noviembre, el Alto Tribunal determinó que lo adecuado era que los registradores de la propiedad que fueran nombrados magistrados del Supremo debían ser nombrados en el Colegio de Registradores en situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad.
De esta forma, la Sala de lo Civil empezará 2024 con un magistrado menos, es decir, con 3 vacantes y únicamente 7 magistrados en ejercicio. Según recoge la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, esta sala debería estar compuesta por 10: un presidente y nueve magistrados. Las asociaciones de jueces han tildado de «mala noticia» el hecho de que Díaz Fraile deje la Sala de lo Civil y ahonde así la crisis del Supremo, con un 30,3% de puestos vacantes en su plantilla de magistrados en estos momentos.
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