Sánchez moviliza más de 23 millones de fondos UE para reformar centros de inmigrantes en Canarias

Sólo en los cuatro primeros meses de 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido más de 23 millones de euros a la mejora y creación de centros de primera acogida de inmigrantes ilegales en Canarias. La partida para sufragar estos gastos procede de los fondos europeos del Plan de Recuperación ante la crisis del coronavirus.

Concretamente, el Gobierno ha licitado 28 contratos relacionados con los centros de primera acogida en las diferentes islas, con un gasto total de 23,4 millones de euros. La adjudicación corre a cargo de Tragsa, empresa pública bajo el control de la Administración General del Estado, y contempla actuaciones como la instalación eléctrica en varios centros, o los servicios de albañilería y montaje para la ampliación de otros de estos recintos.

Dos de los mayores desembolsos se han producido durante este mes de abril: 3,4 millones para los trabajos de ejecución de albañilería, para la obra del centro de primeras llegadas de Las Raíces de San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife y 2,6 millones para trabajos de estructuras de hormigón armado destinados a la construcción del Centro de Primeras Llegadas El Matorral, en la isla de Fuerteventura.

Estos contratos se inscriben formalmente dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea -bajo el distintivo NextGenerationEU-, para la construcción de un centro destinado a la acogida de inmigrantes ilegales menores de edad recién llegados a Canarias. Una infraestructura que se aleja del objetivo inicial de estos fondos, pensado para reactivar la economía productiva, la innovación tecnológica o el tejido empresarial español.

Freno a otras reformas

El pasado mes de febrero, el Gobierno de Pedro Sánchez frenaba la reforma exprés de 5 centros para acoger inmigrantes irregulares por «ilegalidad» en los pliegos de contratación de la dirección de obra. El Ejecutivo también pretendía financiar estas actuaciones con fondos europeos del Plan de Recuperación ante la crisis del coronavirus. De ahí que el Ejecutivo justificase el uso de estas partidas comunitarias, alegando que «se asegurará un elevado nivel de eficiencia energética y la aplicación de criterios de sostenibilidad» en estas obras.

De esta manera, el Gobierno ha destinado 10,7 millones al contrato de remodelación del CETI de Melilla, más otros 432.873,31 euros para el de «dirección de obra». Las obras a ejecutar en este complejo ubicado en la Carretera de Farhana se resumen en las siguientes actuaciones: tratamientos y redes de agua; ampliación de enfermería; renovación de cocina; red eléctrica; remodelación de alojamientos; urbanización y mejora de la instalación contra incendios; nuevos alojamientos; nuevo edificio deportivo; cubierta pista deportiva; instalación fotovoltaica; mejoras de eficiencia energética y mejoras de accesibilidad.

En paralelo, el Gobierno ha licitado también sendos procedimientos de urgencia para los centros de acogida de irregulares de Alcobendas y Vallecas, ambos en la Comunidad de Madrid. Para el primero de ellos, los contratos (de obra y dirección) se elevan a 1.634.914,3 euros y 91.088,08, respectivamente. Mientras que para el de Vallecas, los importes ascienden a 2.607.968,48 euros y 136.753,97, impuestos incluidos.

Además, el Ministerio de Migraciones también ha activado estos encargos para los centros de protección internacional de Sevilla y Mislata (Valencia). Para el de la ciudad andaluza, los contratos se han licitado por 4.471.353,15 euros y 216.428,53. Y para el complejo valenciano, las candidatas se sitúan en 3.040.060,87 euros para las obras y 155.324,12 para la dirección de las mismas. En total, incluyendo también los 7.376.843,32 euros destinados a la reforma del CETI de Ceuta, estos expedientes suman 31.271.354,5 euros.