Sánchez activa la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra mientras negocia los Presupuestos

El Gobierno de Pedro Sánchez activará en este mes de octubre la expulsión de Navarra de la Guardia Civil de Tráfico como otro guiño más a sus socios de PNV y EH Bildu de cara la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Ejecutivo debió haber presentado este miércoles en el Congreso según la Constitución.

En concreto, el inicio del trámite fue comunicado en el Pleno Extraordinario del Consejo de la Guardia Civil -órgano de interlocución entre la Administración y las asociaciones representativas- celebrado este miércoles y presidido por la directora general del Instituto Armado, María Gámez Gámez. El Gobierno informó en esta reunión que «en el mes de octubre se pondrá en marcha la comisión mixta de transferencias a la Policía Foral de Navarra» con un borrador de acuerdo «muy similar al de Cataluña y País Vasco», según recogió la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc).

«La asunción de funciones por la Policía Foral no sería de carácter inmediato, estableciendo un plazo de 3 o 4 años para adoptar el despliegue necesario», apuntó el Ejecutivo. Ahora mismo, la competencia de Tráfico y Seguridad Vial es compartida aquí por la Guardia Civil y la Policía Foral.

Además, la Dirección General de la Guardia Civil señaló que «los componentes destinados en dicha especialidad (la de Tráfico) en Navarra tendrán la opción de permanecer en Navarra en otra especialidad de la Guardia Civil». De igual modo, el departamento de Gámez «tratará de establecer algún tipo de derecho preferente para que los interesados puedan seguir destinados en la Agrupación de Tráfico pero en otra provincia de España», reza en el comunicado de Aprogc sobre el contenido de la reunión.

Pacto de investidura

El compromiso de «proceder en un plazo de seis meses» al traspaso de competencias de Tráfico a la Comunidad Foral de Navarra formó parte del pacto entre PSOE y el PNV suscrito a finales de 2019 para la investidura de Pedro Sánchez. Ahora, y tras haber permanecido paralizado el proceso por la pandemia de coronavirus, el Gobierno socialcomunista quiere dar inicio ya al trámite de esta conferencia coincidiendo con la negociación de los próximos Presupuestos.

No obstante, ya en octubre de 2018 el presidente del Gobierno y la entonces jefa del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, de Geroa Bai, acordaron dicho traspaso en una base a una sentencia del Tribunal Supremo que considera que esta materia «forma parte de los derechos históricos» de Navarra. El plazo que se fijaron fue acometerlo antes de que concluyera la legislatura autonómica en 2019, pero el objetivo no se cumplió.

Desde entonces, las principales asociaciones de la Guardia Civil vienen denunciado que dicho traspaso supone un primer paso para la «expulsión» del Instituto Armado de la región. Desde la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Aprogc) han advertido que «cualquier acuerdo político no puede ir en perjuicio de los guardias civiles que prestan servicio en la Comunidad Foral de Navarra y sus familias, donde están perfectamente integrados y ejerciendo sus funciones con absoluta profesionalidad y entrega hacia el pueblo navarro». La medida afectaría a 175 agentes de Tráfico de la Guardia Civil en esta región. En total, hay 1.700 efectivos de la Benemérita en la comunidad.

Por su parte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC)  ha recalcado también que «no son los guardias civiles quienes tienen que servir para este intercambio de intereses, y mucho menos quienes han de pagar las consecuencias de quienes están al frente de las instituciones. Nuestro ámbito de actuación ha de ser en todo el territorio nacional, y no en una u otra parte en función de todo tipo de intereses ajenos a la seguridad pública», ha lamentado la AUGC.

«Indignidad»

Por su parte, la portavoz de Vox en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Macarena Olona, se refirió ayer a esta cuestión en la primera comparencia del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. «Hoy hemos conocido una nueva indignidad cometida por su departamento: en octubre se pondrá en marcha la comisión mixta de transferencia a la policía foral con la finalidad de expulsar a la Guardia Civil de la unidad de Tráfico de Navarra. Indignidad tras indignidad», lamentó.

Además, Olona afeó al secretario de Estado de Seguridad que durante su intervención en dicha Comisión pasara por alto «las obscenas negociaciones» que el Gobierno socialcomunista está llevando a cabo con su aliados de PNV y Bildu. «Negocian presos por presupuestos y otorgan indultos encubiertos», denunció la portavoz de Vox en relación no sólo al acercamiento de etarras, sino también a la rebaja de penas del delito de sedición que prepara el Gobierno para los presos golpistas del 1-O.