Rebelión en Justicia contra el ministro Campo: «Si quiere servicios mínimos, necesitamos mascarillas»
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La situación en la Administración de Justicia se vuelve insostenible. Los diferentes organismos judiciales solicitan al Ministerio que dirige Juan Carlos Campo que se les dote de material de prevención necesario para evitar contagiarse por el coronavirus. «No sólo está en riesgo nuestra vida, también la de nuestros familiares», explica a OKDIARIO el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Juan Antonio Frago, quien además advierte: «No me voy a inmolar por la señora Delgado».
Pero los fiscales no son los únicos que denuncian la «dejadez» y las «irresponsables» decisiones tomadas por el ministro Juan Carlos Campo para hacer frente al Covid-19.
El Colegio Nacional de Letrados ha remitido una carta al secretario general de Justicia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, donde asegura que el ministerio que dirige Campo ha abandonado al cuerpo de letrados en esta crisis. Explican que diariamente acuden en toda España a su puesto de trabajo para garantizar el cumplimiento de unos servicios mínimos pero, sin embargo, no cuentan con el material necesario para evitar el contagio por coronavirus.
En ningún momento, explican, «hemos dejado de realizar los pagos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales» durante el estado de alarma. Estas cantidades, que ahora son más necesarias, se entregan a personas que están en situación de especial vulnerabilidad, como víctimas de violencia de género, pensiones alimenticias, víctimas en situación de necesidad, así como también para impedir cierres empresariales.
Este organismo solicita al ministro Juan Carlos Campo que les dé la posibilidad de continuar realizando su trabajo, para no ocasionar un daño irreparable, pero con los medios oportunos para evitar el contagio por SARS-CoV-2. La única petición que realizan es que exijan a los Colegios de abogados y procuradores que faciliten números de cuentas bancarias. De esta manera, el pago se realizaría por transferencia evitando la «tradicional entrega física del mandamiento» y el trasiego que conlleva un mayor riesgo de contagio
Además, manifiesta que han acudido a sus puestos de trabajo «sin las mínimas medidas de seguridad poniendo en riesgo su salud, dado que el escaso material de protección recibido no llegó hasta el 23 de marzo», más de una semana después de decretarse el estado de alarma.
Por este motivo, el presidente del Colegio Nacional y el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia, Rafael Lara, no descarta emprender acciones legales para proteger al colectivo que representa.
«No me voy a inmolar por Delgado»
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) no está dispuesta a poner en riesgo la salud de los fiscales y de sus familias. Por ello, Juan Antonio Frago, presidente de la asociación, ha manifestado en conversaciones con este periódico que «si quieren servicios mínimos necesitamos mascarillas».
Recuerda que ya ha fallecido una compañera por coronavirus. La fiscal Antidroga Cristina Toro Ariza murió el pasado jueves, a los 59 años, tras dar positivo por Covid-19. Y argumenta que «esto no es una teoría, es algo que por desgracia está pasando y ya hay más contagiados».
Con respecto a la inacción por parte de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, asegura: «Yo no me voy a inmolar por la señora Delgado para que no quede mal con su ex Consejo de Ministros».
Este lunes, la Fiscalía de Madrid recurrió el auto del Juzgado de lo Social número 13 de Madrid por el que se daba 24 horas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado para que dotara de medidas de protección ante el coronavirus a los fiscales tras la denuncia presentada por esta asociación.
El portavoz del Partido Popular en la Comisión de Justicia del Congreso, Luis Santamaría, ha solicitado que comparezca de manera urgente el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para que explique las medidas que ha tomado su departamento para combatir el coronavirus en el ámbito de la Justicia.
Santamaría ha manifestado que el deber del ministro es «proteger a nuestros profesionales que trabajan en el campo de la Justicia». Sin embargo, reprocha que Campo haya estado los 12 primeros días del estado de alarma sin tomar medidas.
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