Por qué hay que botar a Pedro Sánchez, quedan 33 días: su Ley de Nietos deja miles de votos en el aire

• Patricia Rodríguez @prodriguezg
• Directora adjunta en OKDIARIO.
• • 27/10/2026 09:11
  • Actualizado: 27/10/2026 09:11

El 21 de octubre de 2022 entró en vigor la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre sus disposiciones figuraba la conocida como Ley de Nietos, que abrió una nueva vía para conceder la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles nacidos en el extranjero. Cuatro años después, su aplicación ha provocado una batalla judicial que afecta directamente al censo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. OKDIARIO fue el primero en alertar hace ya 4 años del intento de pucherazo de Sánchez.

La polémica tiene su origen en una instrucción del Ministerio de Justicia, fechada el 25 de octubre de 2022, que estableció que se presumiría la condición de exiliados de todos los españoles que abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. De esta manera, bastaba con acreditar la salida del país durante ese periodo, sin necesidad de demostrar que el desplazamiento se produjo por persecución política o ideológica.

Esta interpretación amplió las posibilidades de acceder a la nacionalidad respecto de los requisitos de exilio recogidos expresamente en la ley y es precisamente uno de los aspectos que ahora cuestiona el Tribunal Supremo.

El alcance de las nacionalizaciones ha sido considerable. Según las cifras comunicadas por el Gobierno en junio de 2026, 544.722 personas habían adquirido ya la nacionalidad española mediante este procedimiento. Sin embargo, la controversia estalló al examinar la incorporación de nuevos electores al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El pasado septiembre, el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones afectadas por esta disposición, salvo que los interesados acrediten mediante certificación consular que sus ascendientes cumplieron las condiciones de exilio exigidas. La medida afecta potencialmente a 163.020 españoles residentes en el extranjero y fue ratificada el 12 de octubre ante la proximidad de las elecciones.

El Alto Tribunal considera que existe riesgo de que el censo electoral se constituya irregularmente y ha exigido a la Administración que distinga qué nacionalizados cumplen las condiciones legales. La Abogacía del Estado y la Fiscalía se opusieron a la suspensión por sus consecuencias para el derecho al voto.

La situación se ha agravado en los últimos días. El Supremo ha dado a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares hasta el 28 de octubre para identificar a los 163.020 afectados, bajo advertencia de posibles multas y responsabilidades penales en caso de incumplimiento.

De los 31.390 expedientes revisados hasta el último informe conocido, los consulados habían expedido únicamente 91 certificados acreditativos del exilio en los términos reclamados por el tribunal. Esta cifra no demuestra que los restantes expedientes sean fraudulentos, pero refleja la dificultad de completar la verificación antes de los comicios.

Mientras el Gobierno intenta reunir la documentación exigida, la nacionalidad de los afectados permanece intacta. Lo que está en cuestión es su participación electoral desde el extranjero.

La disposición aprobada en 2022 se encuentra así en el centro de uno de los conflictos jurídicos del 29-N: determinar quiénes pueden incorporarse al censo electoral y con qué garantías documentales, después de cuatro años de aplicación de la Ley de Nietos.