España
Ley de Amnistía

En el PSOE ya hablan de ir a elecciones tras el fiasco de la amnistía: «No nos compensa este sufrimiento»

Moncloa intenta "convencer" a sus socios, pero ve poco margen para atender sus exigencias

El fracaso de la Ley de Amnistía abre un tiempo de incertidumbre en la relación entre Pedro Sánchez y sus socios separatistas. La ley regresará ahora a la Comisión de Justicia del Congreso y se abre un plazo máximo de un mes para volver a negociarla. Pero las posiciones están alejadas, y con un factor que agrava aún más esa distancia. La enorme desconfianza mutua que se ha instalado entre el Gobierno y Junts y el convencimiento por parte del PSOE de que será difícil, incluso imposible, satisfacer las exigencias de los de Puigdemont. Así las cosas, en el Partido Socialista cunde el desánimo sobre el clima de una legislatura sometida a la presión constante de la negociación con Waterloo. Por eso, muchos en el PSOE ven la posibilidad de convocar elecciones tras el fiasco de la amnistía como una salida a una legislatura en la que estarán rendidos a los deseos de los independentistas.

Entre diferentes cargos se asume ya la prórroga de los Presupuestos, y se duda de la viabilidad de la iniciativa legislativa. «Prorrogaremos los Presupuestos, no pasa nada. Pero no podemos estar así toda la legislatura. Si no hay Presupuestos tendremos que ver si nos compensa este sufrimiento», confían fuentes socialistas. Moncloa, no obstante, traslada el mensaje de que hay que aguantar.

En Ferraz insisten en separar ambas pantallas. Afirman que su prioridad hoy por hoy es sacar adelante la amnistía, pero sugieren también que el margen de negociación es estrecho. Aceptar las exigencias de Junts -el borrado total de los delitos de terrorismo y de alta traición-no pasaría el filtro de Europa, advierten. Confían tibiamente en el pacto. «Ahora estamos donde estamos, dentro de veinte días ya veremos». ¿Pero a cambio de qué, de aceptar lo que pide Junts? «Si hubiésemos querido, ya habría salido hoy».

Negociación

Ahora se abre otra negociación. Apenas unos días para «convencer» a los de Puigdemont de que su propuesta no es viable. El argumento es que a ningún separatista le beneficiaría una ley que no pase el filtro del Tribunal Constitucional o de la Justicia europea, lo que más preocupa en Moncloa. De ahí que insistan en la «constitucionalidad», la «seguridad jurídica» o la «robustez» de la norma, tal y como ahora está concebida.

Entre los cuadros intermedios del PSOE, el desánimo es más evidente. Al malestar por la permanente negociación con el separatismo se añade la incertidumbre de cuál será la siguiente amenaza. Saberse en manos de Puigdemont, en definitiva. «Vienen elecciones importantes y puede debilitarnos mucho. Sobre todo al presidente», comentan en círculos socialistas. Al margen de las próximas elecciones en Galicia y el País Vasco, en el horizonte están las europeas de junio, en las que la amnistía pasará factura al PSOE.

Así las cosas, el revés en el Congreso no hace sino confirmar que la legislatura será una permanente negociación, o «chantaje», como tantas veces ha advertido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y surgen las voces que invitan a reflexionar sobre si este «sufrimiento» conviene, o si ya es mejor pasar página a la legislatura.

Amnistía

A día de hoy, pocos confían en que sea posible llegar a un acuerdo sobre la amnistía. Junts se mantiene firme en sus pretensiones. Una posición de máximos que los de Puigdemont sostienen desde el principio: reclaman el blindaje total frente a las acusaciones de terrorismo y de traición, los delitos que están sobre la mesa en las dos investigaciones que cercan al independentismo, Tsunami Democràtic y el conocido como caso Volhov, en el que se indaga en las conexiones del independentismo catalán con Rusia.

«Seguiremos trabajando», manifestó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones, Félix Bolaños, minutos después del revés en el Congreso. Bolaños lanzó varios recados a Junts: «Deben ser conscientes» de que «es una ley muy positiva para Cataluña», «esta ley entró impecable en el Congreso desde el punto de vista y así saldrá»… «Les pido que reconsideren su posición, que voten la Ley de Amnistía como está, es una garantía de solidez y robustez para todos», fue su ruego, casi desesperado, antes de dar por concluida su comparecencia de prensa para coger un vuelo a Bruselas.

Junts se mantiene firme

En Junts, mientras, reiteran que su posición es la que es. Para este partido, el alcance del texto inicialmente acordado con el PSOE es insuficiente porque no perdona todos los delitos de terrorismo, sin excepciones, y los delitos de traición, contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.

Hace unos días, Junts aceptó una versión de la ley para que abarcara todos los delitos de terrorismo, salvo los cometidos «de forma manifiesta y con intención directa» que hubieran causado «violaciones graves de Derechos Humanos», citando expresamente los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo, que recogen el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, respectivamente.

Pero en la formación han mantenido que ese redactado es incompleto para blindar totalmente el terrorismo porque no se fían del avance de los procedimientos. Uno de sus principales objetivos es amparar al ex presidente Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa donde se investigan los disturbios promovidos por Tsunami en otoño de 2019.

Además, en los últimos días, el juez instructor, Manuel García-Castellón, ha asestado un golpe a la amnistía al indicar que las graves lesiones que sufrieron dos policías por los desórdenes posteriores a la sentencia del procés son «incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos», atribuyendo una intención homicida a los responsables de dichas lesiones. Por todo ello, no quedarían amparados en la ley.

Por otro lado, también ha cobrado relevancia el delito de traición, después de que el juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, haya prorrogado seis meses la investigación del caso Volhov, tras observar las «estrechas relaciones personales entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa». Puigdemont no está entre ellos, pero sí algunos de sus más estrechos colaboradores.