El PSOE veta que el Congreso investigue a Podemos tras hallar la Fiscalía «indicios suficientes» de delito

El PSOE de Pedro Sánchez ha reculado y ha frenado este martes en el Congreso de los Diputados la tramitación parlamentaria de la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos solicitada por el PP y que la Mesa de la Cámara, con el voto favorable de los socialistas, PP y Vox, calificó la semana pasada.

En concreto, en la reunión de la Junta de Portavoces, encargada de fijar el orden del día del Pleno siguiente (donde se debatiría y votaría ya la creación de esta comisión de investigación), los socialistas han rechazado que la iniciativa sea abordaba por el hemiciclo en la misma línea que sus socios de Gobierno, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes parlamentarias.

A favor del escrito del PP han votado también Vox y Ciudadanos, mientras los socios de investidura de Pedro Sánchez han cerrado filas con Podemos, partido presente el Gobierno. Estos socios, y así lo ha deslizado la propia portavoz socialista durante la reunión, Adriana Lastra, están estudiando presentar conjuntamente una petición conjunta para una comisión de investigación sobre la Operación Kitchen, buscando así tapar los problemas de Podemos con la Justicia y contrarrestando al PP.

La pasada semana, el Grupo Socialista, a través de su portavoz adjunto, Rafael Simancas, ya avanzó que pese a votar en la Mesa a  favor de la calificación de este iniciativa, en la Junta de Portavoces de este martes lo harían en contra porque este asunto se está tratando en el ámbito de la justicia. «Podemos está colaborando con la Justicia, no hay caso y no vamos a colaborar en la estrategia del ventilador que practica el Partido Popular», llegó a decir Simancas.

Sin embargo, este mismo martes se ha conocido que la Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción 42 de Madrid que investigue los contratos suscritos entre Podemos y la sociedad mercantil Neurona Consulting para las elecciones generales del 28 de abril por un importe de 308.257,20 euros. El Ministerio Público aprecia la existencia de «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo» en los contratos con la consultora chavista, sobre los que alertó el Tribunal de Cuentas.

El PSOE esgrimió la pasada semana que había votado a favor de la calificación de esta comisión de investigación siguiendo la valoración reglamentaria de los letrados de la Cámara baja, que en este caso no es vinculante. De ahí que Podemos, por el contrario, votara en contra. Además, se da la circunstancia de que los socialistas ya se han pronunciado otras veces en la Mesa del Congreso en contra de calificar una comisión de investigación pese a existir un informe favorable —recomendación— de los servicios jurídicos del Congreso, como ocurrió el pasado junio con la solicitud de una comisión de investigación sobre los GAL.

«A cualquier precio»

La iniciativa de los populares sobre las cuentas de Podemos fue la primera firmada por la nueva portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en sustitución de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. El PP viene remarcando que si Podemos no tiene nada que ocultar, no debería hallar inconveniente en que esa comisión de investigación se desarrollara en la Cámara. Además, los populares instaron al PSOE de Pedro Sánchez a demostrar si está dispuesto a «estar en el poder a cualquier precio» o si está dispuesto a que se investigue la financiación ilegal de su socio en el Gobierno bipartito.

En su escrito, el PP pide analizar en el marco de una comisión de investigación, de seis meses de duración, las cuentas de Unidas Podemos para determinar si se han dotado de fondos opacos con adjudicaciones irregulares de contratos u otros cauces de financiación al margen de la Ley. Las conclusiones de esta comisión pueden ser luego remitidas por el Congreso a la Fiscalía «para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas».

Así consta en el artículo 52.2 del reglamento de la Cámara, según el cual «las conclusiones aprobadas por el Pleno de la Cámara serán publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y comunicadas al Gobierno, sin perjuicio de que la Mesa del Congreso dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas».