El PSOE amenaza con expulsar a los cargos que critican la gestión de Ceuta por ir contra sus «intereses electorales»
Fue el propio Pedro Sánchez quien limitó por primera vez la libertad de expresión en el PSOE por causas "electorales".
Los militantes del PSOE que han recibido presiones y amenazas de la dirección del partido, por sus comentarios críticos con la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante la situación en Ceuta, han mostrado a OKDIARIO cómo los compañeros, convertidos en «comisarios políticos» que les conminan a eliminar sus comentarios en redes sociales, «esgrimen los Estatutos Federales y nos acusan de atentar contra los intereses electorales del PSOE». Ese es uno de los motivos de expulsión introducidos por el propio Sánchez en la normativa del partido.
En realidad, lo que están invocando los represores de los comentarios críticos es la expulsión, una sanción que, desde que Sánchez recuperó la secretaría general del PSOE, se vincula a los «intereses electorales» del partido.
Poco después de que Pedro Sánchez recuperase la secretaría general del PSOE, tras haber sido forzado a abandonar su cargo, se celebró el 39º Congreso Federal del PSOE, del 16 al 18 de junio de 2017. Fue entonces cuando se promovieron los cambios más llamativos en las normas del partido para evitar cualquier conato de «golpe de mano» interno que volviese a tumbar al líder Sánchez. En ese momento, se introdujeron los «intereses electorales» como limitación expresa de la libertad de expresión.
Previamente, hasta el 38º Congreso, en el que salió elegido secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba, la libertad de expresión había estado vinculada a la «lealtad» con las resoluciones de los órganos del partido, pero sin mencionar los «intereses electorales», ni convertirlos en el punto de inflexión para sanciones ni acciones punitivas para con la militancia.
Con Sánchez esto cambió, en un primer momento, en el 39º Congreso Federal, mencionándolo en el apartado relacionado con los motivos de pérdida de la condición de afiliado. Pero en el siguiente Congreso (40º Congreso Federal), celebrado en Valencia en 2021, con Santos Cerdán ocupando ya la secretaría de organización, se le dio una nueva vuelta de tuerca a la limitación del derecho a realizar manifestaciones, juicios de valor y expresión de opiniones. Desapareció del capítulo de sanciones y «motivos de pérdida de la condición de afiliado» y se incluyó en los «derechos» de los militantes.
En este momento, el artículo 10 de los Estatutos Federales del PSOE, que salió del 41º Congreso Federal, celebrado en Sevilla en 2024, en sus apartados d y e establece:
d. «El derecho de discusión y crítica sobre posiciones políticas
propias y ajenas mediante la libre expresión oral o escrita y a su libre comunicación dentro del Partido, siempre que no suponga el menoscabo de la imagen del Partido y sus miembros.»
e. «El derecho a realizar manifestaciones públicas, juicios de valor y expresión de opiniones, de forma libre, leal y responsable dentro de los límites del respeto a la dignidad de las personas, así como a las resoluciones y acuerdos democráticamente adoptados por los órganos del Partido en el marco de sus competencias estatutarias, sin causar perjuicio o ir en contra de los intereses electorales del PSOE. El ejercicio de este derecho en las redes sociales se
ajustará a lo establecido en el Código de Comportamiento y Buenas
Prácticas para actuar en redes sociales: establecido el Reglamento
Federal de Desarrollo».
Con respecto al mencionado Reglamento, advierte claramente que las opiniones vertidas en entornos digitales son públicas y comprometen la imagen del partido, pudiendo derivar en expedientes sancionadores o expulsión en caso de incumplimiento grave.
Con los actuales Estatutos y el Reglamento Federal de Desarrollo creado ad hoc, el PSOE de Pedro Sánchez expulsó del partido al ex dirigente del PSOE en el País Vasco, Nicolás Redondo Terreros, así como también al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, aunque este último decidió litigar contra la dirección del PSOE, por considerar injusta esa expulsión. La Justicia, finalmente, dio la razón a Leguina en su batalla legal contra el PSOE.
Estas actuaciones contra quienes fueron destacados dirigentes socialistas e incluso un ex presidente autonómico como Leguina, son la muestra, para los consultados por este periódico de que «si con ellos fueron hasta el final, ¿por qué no lo van a hacer conmigo?».
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