El PSOE acusa al juez Aguirre de ‘lawfare’ contra la amnistía: «Su auto tiene un objetivo claro»

El PSOE se ha mostrado crítico con las últimas decisiones judiciales porque creen que buscan interferir con la tramitación en el Parlamento de la Ley de Amnistía. Los socialistas consideran que los jueces «mueven ficha» con un «objetivo claro».

Fuentes de la dirección del partido destacan que las acciones que ha tomado el Poder Judicial están «empíricamente alineadas» con las decisiones que se pactan en el Congreso de los Diputados conforme va avanzando la tramitación de la norma.

En todo caso, el PSOE cree que se trataría de algo «horrible» y «terrible» si esas decisiones de los magistrados respondieran a una intención de influir sobre el Poder Legislativo. Desde Ferraz insisten en que es importante que los magistrados respeten al Parlamento.

«Relación con el servicio secreto ruso»

Estas declaraciones vienen después de que el juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Voloh, que investiga el desvío de dinero público para financiar la residencia de Carles Puigdemont en Waterloo y los contactos secesionistas con Moscú, resaltara «el vínculo del 1-O con los servicios secretos rusos y la extrema derecha europea». Estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional, que ahora mismo están excluidos de la ley de amnistía.

El magistrado considera que existe «abundante documentación» con «datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes», que indicarían «relaciones con los servicios secretos rusos y otros miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana o italiana con intereses en establecer relaciones de influencia política y económica con el gobierno de Cataluña, si este se independizaba de forma unilateral de España».

No son las únicas decisiones que han estado en el foco mediático del Gobierno. También las decisiones del juez Manuel García-Castellón han levantado críticas por parte del PSOE. El magistrado emitió un auto en el que se refería a las lesiones causadas por los manifestantes durante unos altercados violentos que fueron alentados por Tsunami como «incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos».

El documento del juez apareció después de que el PSOE y Junts pactasen sólo excluir de la Ley de Amnistía a los delitos de terrorismo que «de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario». Por tanto, después de esa decisión del juez, cabría la posibilidad de juzgar a los responsables de Tsunami por un delito de terrorismo que no se vería beneficiado por la Ley de Amnistía.

La portavoz del PSOE, prudente

En sus declaraciones públicas, el PSOE ha optado por la moderación. La portavoz del partido, Esther Peña, ha preferido no manifestar su opinión al respecto y esperar a que se terminen de analizar la «veracidad» de la información que se ha conocido al respecto.

«Podremos dar una opinión una vez que se hayan pronunciado los actores influidos», ha repetido la vocera del partido a las preguntas que este lunes le han realizado los periodistas en rueda de prensa.

Estas decisiones judiciales ponen en jaque la aplicación de la Ley de Amnistía a todos los actores políticos que participaron en el procés, por lo que se han levantado dudas sobre si los independentistas podrían volver a solicitar al PSOE modificar el texto. Los socialistas rechazan por ahora la posibilidad de volver a enmendar la norma. «Ahora mismo no hay sobre la mesa ningún cambio en la posición del Partido Socialista sobre la votación», ha expresado Peña en la rueda de prensa. La portavoz de la Ejecutiva Federal ha manifestado que ve «robusta» la redacción actual de la norma.

Además, ha incidido que están «satisfechos y cómodos» porque consideran que el texto que salió de la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados es «suficientemente robusto, plenamente constitucional e impecable».

En todo caso, ha admitido que «lo que sí hay es tiempo y evidentemente en los partidos todos siguen hablando hasta que se celebre la votación». «De aquí a mañana seguiremos hablando con todos los actores, pero la realidad es que ahora mismo no hay ningún cambio al respecto», ha manifestado Peña. La portavoz del partido ha puesto el acento en que no están negociando y que «lo único es la evidencia de que quedan 24 horas para votar».