El protocolo anti-Covid del Gobierno advierte del riesgo de la «movilidad» de los inmigrantes ilegales

El traslado de inmigrantes irregulares desde Canarias a la Península ha provocado las críticas por su situación sanitaria y la falta de controles ante posibles contagios de Covid. El propio protocolo de actuación elaborado por el Gobierno ‘ante posibles casos importados de Covid-19 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular’, de 25 de julio, admite que estas personas y su «alta movilidad» suponen un riesgo para la vigilancia y control de la pandemia, así como para la «parición de brotes originados por casos importados».

Así, en el documento, elaborado por la Secretaría de Estado de Migraciones, se recoge que «las personas que llegan a España por vías migratorias irregulares, sin atravesar puntos fronterizos oficiales (normalmente mediante embarcación tipo patera a las zonas costeras o saltando vallas fronterizas), son una población especialmente vulnerable para Covid-19, ya que durante su viaje migratorio pasan por condiciones de hacinamiento y precariedad que les ponen en mayor riesgo de poder adquirir la infección».

«A su llegada a España, además, estas personas pueden tener elevada movilidad y contactos con un gran número de personas diferentes, suponiendo un riesgo de aparición de brotes originados por casos importados», añade. Por todo ello, el informe subraya la importancia de «detectar los casos de Covid-19 entre estas personas de forma precoz» ya que «esto permitirá la asistencia sanitaria oportuna a los casos y prevendrá la difusión de la enfermedad».

El ministro Fernando Grande-Marlaska defendió el pasado viernes que los inmigrantes que llegan a España por vía marítima son «el colectivo más seguro» en términos de coronavirus, pues «a todos se les realiza una PCR» y a los que resultan estar contagiados se les pone en cuarentena. Marlaska insistió en que los traslados a la Península son «muy esporádicos» y los limitó a personas «susceptibles de tener protección internacional», una afirmación que choca sin embargo con el elevado número de personas que se desplazan en estos viajes y con el hecho de que el propio Gobierno admitiese semanas atrás que el 90% de los irregulares que llegan son «expulsables». El ministro denunció además que vincular la inmigración con la pandemia es «xenofobia».

Pruebas PCR

Sin embargo, lo que el Gobierno no ha aclarado en estos días es si los inmigrantes irregulares son sometidos a una prueba PCR antes de ser distribuidos por toda la Península.

En cuanto a la realización de pruebas diagnósticas, el protocolo establece que será «urgente» la realización de una prueba PCR «a cualquier persona sintomática a su llegada». 

Sobre las asintomáticas, dice que será «necesario», aunque establece dos opciones «en función del contexto y las posibilidades a nivel logístico»: o bien la realización de la prueba «a todas las personas» o bien «por lotes», para la «eficiencia en el uso de los recursos». «Para ello, de cada muestra, una parte se guardará por separado y otra parte se extraerá y se juntará con las de los otros miembros del mismo grupo para realizar una PCR conjunta. Si el grupo es numeroso, se podrán hacer lotes con grupos de 10-20 muestras. Si la prueba conjunta resulta positiva, se procederá a analizar las muestras individuales para detectar la o las personas positivas dentro del grupo. Los resultados de todas las pruebas diagnósticas que se realicen deben estar disponibles en un máximo de 48 horas».

El protocolo establece que «las personas que ingresen en las plazas puestas a disposición por las entidades sociales del programa de atención humanitaria, siempre que haya recursos disponibles, serán personas asintomáticas con resultado en las anteriores pruebas negativo y siempre y cuando no hayan tenido contacto estrecho con casos positivos».

PCR al llegar

La secretaría de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, se limitó a señalar el pasado viernes que todas las personas que entran «por cualquier punto de la frontera» tienen un test PCR de coronavirus «hecho». No obstante, evitó aclarar si después se les vuelve a realizar algún test, especialmente justo antes de ser trasladados en uno de los vuelos a la Península.

Cabe señalar que desde la llegada a España de los inmigrantes irregulares hasta su distribución a distintas partes de la Península pueden pasar muchos días. Desde el Gobierno, y en la misma línea, la portavoz María Jesús Montero señaló la pasada semana que los inmigrantes son sometidos a una prueba PCR «a las pocas horas de llegar a la costa». Una afirmación que no supone ninguna garantía de control del virus, ya que hasta el traslado pueden transcurrir varias semanas.

Como reveló OKDIARIO, el Ministerio del Interior, al mismo tiempo que afirma que a todos los irregulares se les hace una prueba PCR, desconoce cuántas se han hecho en realidad. En una respuesta a través del Portal de Transparencia, el departamento de Grande-Marlaska deriva a las comunidades autónomas porque, indica, el asunto no es de su competencia.